Quintana Roo, 14 de julio del 2022.- Una de las instancias corruptas que se ha dedicado a proteger a funcionarios del actual Gobierno del Estado y se dedicó a perseguir exclusivamente a los de la administración pasada, es la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo.
El 14 de septiembre del 2017, Rosaura Villanueva Arzápalo, tomo protesta ante el Congreso del Estado como nueva titular de la creada Fiscalía Anticorrupción. La funcionaria se desempañaba como vicefiscal en la Fiscalía General del Estado a cargo en ese entonces de Miguel Ángel Pech Cen.
Dicha Fiscalía Anticorrupción, se encargaría de investigar los casos de corrupción y otros delitos más, de funcionarios o exfuncionarios del gobierno del Estado denunciados, incluso de la misma Fiscalía General del Estado; sin embargo, esta autoridad era y sigue siendo manipulada por el gobernador Carlos Joaquín González y diputados del Congreso, con la finalidad de proteger a quienes ellos consideren o de lo contrario, abrir expedientes en contra de sus opositores políticos.
Las evidencias no nos van a dejar mentir, desde que se creó la Fiscalía “corrupta” Anticorrupción en este gobierno de Carlos Joaquín, únicamente se dedicó la titular Rosaura Villanueva Arzápalo, a perseguir por cuestiones de venganza personal de Carlos Joaquín, al exgobernador Roberto Borge Angulo y a su grupo de colaboradores quienes por cierto la mayoría recobraron su libertad después de encarcelarlos.
De acuerdo a la información obtenida, en su momento la fiscal Rosaura Villanueva señaló que el número de exfuncionarios de la administración de Roberto Borge y que fieron denunciados, aumentó de 97 a 144 casos: ocho dependencias estatales e igual número de los municipales.
El caso es que en esta administración también han sido denunciados funcionarios y sus expedientes están en el archivo muerto (carpetazo), por ejemplo, la presidenta honoraria del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado, Gabriela Rejón de Joaquín, y su hermano José María Rejón Guerra.
GABRIELA REJÓN Y SU HERMANO DENUNCIADOS
La abogada y activista Fabiola Cortés Miranda se presentó en la casa de gobierno ubicada en la Zona Hotelera, ya que a petición del mismo mandatario quintanarroense Carlos Joaquín González, quien exigió las pruebas sobre el despojo en el que está involucrado su cuñado José María Rejón de la Guerra, le fue a entregar copia de los documentos en donde consta la forma en que le quitaron su patrimonio en Akumal a Don Antonio Manrique, un anciano de 72 años de edad.
Aunque Fabiola Cortés invitó a través de las redes sociales a que estuviera presente José María Rejón de la Guerra, hermano de la esposa del gobernador y el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Óscar Montes de Oca, ninguno de los dos se presentó.
La defensora del señor Antonio Manrique, le pide al gobernador “que regrese lo que le robaron al anciano porque no vamos a retirar la denuncia, ni la demanda ni el amparo, aunque están atacando a mi persona con cosas que no pueden acreditar”.
También acusó que el gobernador Carlos Joaquín puso a disposición de su cuñado José María Rejón, toda la Fiscalía General del Estado para que la carpeta de investigación fuera cerrada de forma exprés en tres meses para que el afectado no tuviera acceso a la justicia.
“Le negaron su derecho humano a la justicia, porque un aseguramiento legal tardar alrededor de cinco meses y la carpeta de investigación le dieron carpetazo en tres meses, así que fue una flagrante violación a los derechos humanos del anciano”. Información de Cristina Escudero.
DENUNCIAN A ROSAURA VILLANUEVA
Así como este caso, hay más en la Fiscalía “corrupta” Anticorrupción, incluso la propia titular Rosaura Villanueva fue denunciada en el mes de agosto del 2021, por la exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Paola González Cetina, por los delitos de daños patrimonial y moral, pero nadamás no avanza las investigaciones ni se mueve el expediente.
Sin bien es cierto, la mayoría de los funcionarios del gobierno municipal y estatal que pasan por un cargo, se llevan grandes tajadas de dinero a su paso; en alguno de los casos son denunciados; sin embargo, nunca procede o mejor dicho, archivan el expediente y de ahí nadie lo mueve.
Es por eso que ahora, con el nuevo gobierno que empezará a tomar posesión a partir del 25 de septiembre del presente año, los funcionarios que ocuparán cargos importantes deberán primero no tener historial que ponga en duda sus funciones, además que no vengan de otros Estados porque sólo vienen a alimentar la corrupción. Quintana Roo tiene buenos profesionistas que deben de ser tomados en cuenta.
