Cancún, Q. Roo, 2 de diciembre de 2021. Para los ciudadanos quintanarroenses, políticos, empresarios y funcionarios, piensan que con la llegada de 750 elementos de la Guardia Nacional se acaba el problema de tanta violencia en Quintana Roo; pues no es así; el estado no carece de policías, sino es el acuerdo que se tiene "arriba" con cabecillas del narcotráfico bajo el conocimiento del ejecutivo.
Muchos piensan que la violencia obedece a la falta de policías en las calles; pero basta con quitarse la venda de los ojos para darse cuenta de que el problema son los altos mandos que representan una corporación o instancia de seguridad de cualquiera de los tres órdenes de gobierno; son ellos el problema, son deslindar a la Marina, Sedena y Guardia Nacional.
Desde esta administración de Carlos Joaquín González quien afortunadamente va de salida, empezó a aumentar el índice delictivo, en lo particular lo relacionado al crimen organizado, y todavía fue empeorando al nombrar a funcionarios foráneos para que velaran por la seguridad de los quintanarroenses. Morirán engañados.
En septiembre del 2018, nombraron proveniente de Morelia a Jesús Alberto Capella Ibarra, secretario Estatal de Seguridad Pública, quien trajo al grupo criminal “Los Rojos”; en tanto en diciembre del mismo año, asumió el cargo en la Fiscalía General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, procedente del Estado de México. Este narcofuncionario trajo a delinquir a un grupo de “Chilangos”; además de otras células que entraron a la llegada de ambos.
Con forme fue pasando el tiempo, Capella Ibarra y Montes de Oca hicieron acuerdos con otros grupos criminales a los que ellos protegían, bajo el conocimiento del gobernador Carlos Joaquín González, por lo que la violencia aumentó al mil por ciento, es decir, en la administración pasada hubo 400 ejecuciones; en esta van cuatro mil 500.
CIRCO, MAROMA Y TEATRO
A unos meses de tomar posesión como gobernador Carlos Joaquín González y derivado del ataque a balazos por el grupo delictivo Jalisco Nueva Generación, a la Fiscalía General del Estado en Cancún, llegaron 200 elementos de la Policía Federal División Gendarmería, para reforzar la seguridad en Cancún y Playa del Carmen; sin embargo, la llegada de los federales era un Tours, ya que dedicaron a pasear y en ocasiones tuvieron altercados con los ciudadanos, por lo que después de unos meses y sin resultado positivo se retiraron.
La violencia en Cancún y Playa del Carmen no cesó; en el 2018 que tomaron posesión en la seguridad y procuración de justicia funcionarios de otros estados, se disparó a lo máximo debido a que entraron con ellos grupos criminales, por lo que en el 2019 el Gobierno Federal envió alrededor de mil 100 militares que llegaron al 64 Batallón de Infantería.
El día de la presentación en el Batallón ubicado en la avenida José López Portillo, en el municipio de Benito Juárez, armaron una película, pues al momento de que estaban formados los militares, tocaron la alerta y salieron corriendo a sus respectivas unidades para recorrer las calles de Cancún en prevención del delito; sin embargo, otro caso perdido, tampoco dieron resultado y la violencia continuó en todo Quintana Roo.
SE REPITE LA MISMA HISTORIA
A más de dos años del “circo, maroma y teatro” simulando que combaten al narcotráfico o la delincuencia en Quintana Roo, el Gobierno Federal vuelve a enviar a elementos, pero ahora bajo el disfraz de Guardia Nacional, ya que ayer miércoles 1 de diciembre llegaron 750.
Dicen que “no hay peor ciego que el que no quiera ver”, pues así lleguen 10 mil elementos al Estado, el problema son los que representan la seguridad quienes tienen pacto con el narcotráfico, por ejemplo: Oscar Montes de Oca Rosales, fiscal general del Estado, a quien lo han agarrado presuntamente junto con su cuñado Cesar Octavio Ayerdi Hernández, en su despacho y sobre el escritorio una maleta de fajos de billetes. Este narcofuncionario tiene acordado con grupos delictivos para no investigar todo lo relacionado a ejecuciones, extorsiones, baleados, y narcocasitas.
Por su parte, Lucio Hernández Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública Estatal, quien bajo las órdenes de su jefe Alberto Capella Ibarra, manipula el “C-5” y sólo ven lo que quieren ver para proteger a los sicarios y grupos armados.
La violencia se acabará cuando se vaya Carlos Joaquín González y se lleve a estos narcofuncionarios que durante seis años laceraron al Estado; al menos el ejecutivo no canta mal las rancheras.
CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ, DESDE EL 2016 VIENE DICIENDO QUE LE CERRARÁ EL CAMINO A LA DELINCUENCIA...CLARO QUE SÍ, PERO PARA QUE NO SE VAYAN DE QUINTANA ROO.
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