Quintana Roo, martes 22 de junio de 2021. En Quintana Roo día con día se va para atrás como los cangrejos en todos los aspectos, por ejemplo: la violencia y los hechos delictivos se incrementaron al mil por ciento en solo cinco años, el turismo va a la baja, el desempleo ni que decir, y la corrupción en los gobiernos se disparó con estos funcionarios foráneos que llegaron a delinquir al gobierno del estado; sin embargo, para rematar, es el caso de las sanguijuelas de diputados de la XVI Legislatura, pues ahora resulta qué quieren que los ciudadanos los mantengan por un periodo de ocho años y ya no dos (cínicos y sin vergüenzas).
Los diputados de la XV Legislatura, en el periodo 2016-2019 se dedicaron a proteger a funcionaros ladrones que llegaron al gobierno de Carlos Joaquín González, procedentes de otros estados como Morelos, Puebla y Estado de México, pues se volvieron sordos, mudos y ciegos a cambio de beneficios económicos que recibían “por debajo del agua”, ya que la violencia o hechos delictivos iban y siguen duplicándose, y para ellos todos los representantes de la seguridad del estado eran los héroes.
Uno de los diputados beneficiados fue el panista Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien controlaba a todos sus colegas y era brazo derecho del ejecutivo dentro del Congreso, que por cierto, duplicó su diputación a pesar de que "desapareció" 100 millones de pesos y no hay fecha en la que compruebe el destino de esa cantidad.
Sin embargo, en esta XVI Legislatura los diputados y diputadas salieron peor que la anterior, incluso iniciaron con el pie izquierdo. El 18 de septiembre del 2019, es decir, a 15 días que tomaron posesión, el priista Carlos Hernández Blanco y el petista Hernán Villatoro Barrios intercambiaron golpes en plena tribuna, al grado que se armó el zafarrancho.
Otro de los casos que también escandalizó fue de la diputada Reyna Duran Ovando; en ese entonces presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), ya que había indiferencias o inclinaciones económicas. pues terminó traicionando a su partido Morena por el que participó en campaña, y se vendió con el gobernador panista Carlos Joaquín González con la intención de manipular en el Congreso.
A raíz del escándalo, removieron a Reyna Duran y decidieron nombrar en el cargo a Gustavo García Miranda, por dedazo de su padrino Jorge Emilio González Martínez alias “El Niño Verde”, presidente del partido Verde-Ecologista.
Como parte de los escándalos, no quedo atrás el diputado José Luis Guillén López, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, ya que llegó en estado de ebriedad a la comparecencia de Gerardo Mora Vallejo, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
El diputado hizo su show en plena sesión y los encargados de salir al quite fueron sus homólogos José Luis Toledo Medina y Luis Fernando Chávez Zepeda; sin embargo, a pesar de sus payasadas nadie dijo nada y mucho menos le aplicaron su correctivo.
Para el colmo de la desgracia, el pasado 14 de junio, emitió el Congreso un comunicado donde promueven estas sanguijuelas (a quien le venga el saco), una ley que les permita reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos, es decir, ocho años ganando más de 100 mil pesos mensuales por calentar la silla y hacerse tarugos en el Congreso, o vendidos al gobierno del estado solo por alzar la mano y autorizarle al ejecutivo promover grandes recursos económicos dizque para obras u otros destinos.
Hoy en día los diputados y diputadas no son de utilidad para Quintana Roo, pues las leyes que según promueven no benefician de mucho a los ciudadanos, porque mencionar el caso de Gustavo García Miranda, quien presentó el miércoles pasado una iniciativa para que todas las muertes violentas de mujeres se determinen feminicidio.
En este caso, qué beneficio trae a la familia o la víctima, si la Fiscalía General del Estado ya no hace trabajo de investigación y existen en Quintana Roo un sin número de feminicidios sin resolver, desde que llegó al cargo procedente del Estado de México, Oscar Montes de Oca Rosales. ¿Entonces para qué sirve su ley? Además, en Quintana Roo se aplica la ley a manera del gobierno.
García Miranda mejor que promueva una ley donde obligue al fiscal general a la procuración de justicia y de no cumplir, que sea removido de manera inmediata, ya que si bien sabemos, en este gobierno no hay trabajos de investigación relacionados con todo lo que se trate de violencia y crimen organizado, además, es el mismo Congreso que protege a Montes de Oca Rosales por instrucciones de Carlos Joaquín González.
Lo cierto que a un año y nueve meses que tomaron posesión los diputados de la XVI Legislatura, los quintanarroenses no han tenido un beneficio o una ley de parte de ellos, que los proteja de tantos abusos de las autoridades. Un diputado gana cerca de 70 mil pesos mensuales sin hacer nada, por lo que estos deberían de ser obligados a recorrer continuamente las zonas donde en su momento engañaron a los ciudadanos, para enterarse de las necesidades de las familias y de esta manera promover leyes que los beneficien y así desquitar su salarios.
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