El fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca Rosales, ha demostrado que considera más grave que policías municipales saquen a empujones a un jefe policiaco de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, que los uniformados disparen en contra de la gente y baleen a reporteros, pues a dos meses de la agresión a los comunicadores en este municipio de Benito Juárez, los responsables todavía siguen laborando bajo la protección del “ya corrido” Jesús Alberto Capella Ibarra.
La mañana del cinco de noviembre de 2018, un sin número de policías municipales de Cancún quienes tienen posesionada la corporación, decidieron sacar a empujones de las instalaciones al reciente nombrado secretario de Seguridad Pública, Jesús Pérez Abarca; uno de los brazos derechos del titular de la Policía Estatal, el tijuanense Alberto Capella Ibarra.
En cuestión de días, la Fiscalía General de Quintana Roo integró la averiguación previa en agravio de Jesús Pérez Abarca y 25 días después de los hechos, fueron detenidos 16 policías que encabezaron la agresión, por lo que quedaron a disposición de un juez de Control que se prestó para que se ejerciera acción penal enseguida en contra de estos uniformados.
En ese entonces y después de la detención, Capella Ibarra dijo: “nadie, absolutamente nadie puede estar por encima de la ley y los policías estamos doblemente obligados a predicar con el ejemplo”.
Sin embargo, las palabras de este mentiroso jefe policíaco Capella Ibarra, quedaron en el aire, ya que el nueve de noviembre de 2020 y justo a casi dos años de la agresión a Pérez Abarca, fueron baleados los reporteros Celia Solís y Roberto Becerril por policías municipales a su cargo, cuando se encontraban en la explana del Ayuntamiento de Benito Juárez cubriendo la nota de la manifestación de un sin número de jóvenes que vandalizaban el edificio del gobierno, y para dispersarlos empezaron “a dispararles según al aire”.
OTRO FUNCIONARIO DEL ESTADO MENTIROSO
El 13 de diciembre del mismo año, es decir, un mes y dos días después de la agresión a los comunicadores y manifestantes, el fiscal general Oscar Montes de Oca Rosales salió a decir que se emitió acción penal en contra del titular de la Policía, Eduardo Santamaría Chávez, director de la preventiva, los diferentes mandos y dos policías que estuvieron al frente de la represión en contra de civiles y reporteros.
El discurso de Montes de Oca fue para quitarse de encima a la autoridad federal y la Comisión de los Derechos Humanos que intervinieron, ya que a la fecha o dos meses de la agresión, estos policías involucrados siguen en la corporación laborando sin separarlos del cargo y a pesar de que “ya no trabaja para la Policía de Quintana Roo” Capella Ibarra, sigue mandando y dio instrucciones a su compinche Lucio Hernández Gutiérrez, encargado del despacho de la Secretaría Estatal, de mantener a los involucrados resguardados.
En lo que respecta al fiscal general de Quintana Roo, Montes de Oca, manejó los delitos a su modo para proteger a los policías, ya que el expediente se inició por abuso de autoridad y lesiones, aún cuando los policías son imputados también por homicidio en grado de tentativa, a raíz que dispararon en contra de las personas y no precisamente al aire.
