Playa del Carmen, Q. Roo, 9 de febrero de 2024.- Vaya que con dinero baila el perro; así lo demostró el Gobierno Municipal de Solidaridad y la propia presidenta Lili Campos Miranda, ya que en el desalojo que realizaron a balazos policías municipales en tres colonias de asentamiento irregular, señalaron que la Fiscalía General del Estado encabezó dicha diligencia mediante un mandato, e incluso se llevaron detenidas a nueve personas por quebrantamiento de sellos, el cual este viernes lo desmintió dicha autoridad.
La mañana de ayer jueves, de manera violenta un sin número de policías municipales de Solidaridad llegaron a la zona de invasión que comprenden tres colonias: San Judas Tadeo, Alfa-Omega y Las Torres, muy cerquita del Arco Vial. Los uniformados aprovechando que había órdenes e indicaciones del Gobierno de Lili Campos Miranda, a balazos y con todo el abuso que los caracteriza empezaron a sacar a las personas de las humildes casas; en tanto, las que tenían sus motocicletas y vehículos ahí, no los dejaron sacar sino todo lo contrario, les rompieron cristales y les robaron las cosas de valor, el cual desató una reacción a pedradas de los invasores.
Luego de tres horas y ante la presencia de los medios de comunicación, los ánimos se calmaron y dos directores del Ayuntamiento: Santiago Chávez e Israel Vera, pertenecientes de Participación Ciudadana, decidieron dialogar con la gente a quienes les dijeron “que tenían un documento de desalojo por parte de la Fiscalía General del Estado quienes habían encabezado dicho evento, y que ellos se hicieron cargo de los nueve detenidos por el delito de quebrantamiento de sellos, pues dicha autoridad municipal solo coadyuvó”.
Hoy viernes, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado donde se deslindó rotundamente de los hechos que pasaron ayer en la zona de invasión. En su boletín dijo lo siguiente: “La FGE aclara que tras los hechos ocurridos en un inmueble ubicado en la avenida Paseo del Mayab del Ejido Playa del Carmen, no gestionó diligencia alguna para cumplimentar orden de desalojo, por lo que inició una carpeta de investigación para esclarecer estos hechos y las responsabilidades correspondientes”.
Agregó que el 31 de marzo de 2023, tras recibir una denuncia se inició una carpeta de investigación por hechos posiblemente constitutivos del delito de despojo, en agravio de un particular y en contra de un grupo de personas quienes llegaron al lugar con armas blancas y palos para ingresar al inmueble.
Asimismo, el 7 de abril de 2023, un Fiscal del Ministerio Público ordenó el aseguramiento del predio, el cual hasta la presente fecha se encuentra bajo esa calidad; por tanto, este órgano autónomo se deslinda de haber realizado alguna otra diligencia, como erróneamente se ha señalado y retomado en algunos medios de comunicación.
Es importante destacar que la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de procurar justicia a los quintanarroenses a partir del inicio de la denuncia correspondiente, atendiendo los protocolos, la normativa vigente, y el respeto de los derechos humanos.
Esto fue lo que emitió la FGE. Entonces alguien del Gobierno Municipal recibió dinero para realizar este desalojo de más de 500 familias de esta zona de invasión y que en su momento la autoridad de Solidaridad le aventó la bolita a la Fiscalía.
