Tal como informamos en la primera parte publicada el día cinco de enero pasado, sobre algunas personas que están pagando dentro de la cárcel un delito que no cometieron, gracias a esos corruptos e ignorantes jueces del Estado y Federal en Quintana Roo que les siguen el juego a las fiscalías de ambos niveles y que se han vuelto cómplices de las injusticias.
En la primera parte, hablamos de unos de tantos casos: Amos Benoni Martínez Guzmán, acusado de feminicidio, y Oscar Hernández Flores, de violación. En ambos procesos no hay pruebas en contra de los imputados que demuestren su probable responsabilidad del delito, sino todo lo contrario, las que existen les favorece de su inocencia; aún así, están en la cárcel privados de su libertad esclavizados.
MESA DE SEGURIDAD CON FINES DE DELINQUIR CONTRA EMPRESARIOS
En esta ocasión, le damos a conocer que dos empresarios de Quintana Roo también víctimas de estos ignorantes de las leyes y en lo particular del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pues aplican sus procesos a la antigüita o tradicional como es conocido.
Después de su llegada a Quintana Roo como secretario de Seguridad Pública Estatal, Jesús Alberto Capella Ibarra, el pasado mes de septiembre de 2018, solicitó a comandantes de la Policía: nombres, direcciones y otros datos importantes de empresarios que tuvieran negocios bastantes productivos con intenciones de extorsionarlos con millones de pesos. Posteriormente, dentro de la “Mesa de Seguridad” donde participaron representantes de los tres niveles de gobierno, Capella Ibarra ante ellos lo que para él significaba empresarios dedicados a delinquir.
Dentro de sus objetivos, el empresario José Isidro Santamaría Casanova, líder cetemista en Quintana Roo. Según el expediente número 96/2019 que inició la delegación en Cancún de la Fiscalía General de la República, la tarde del 31 de enero de 2019, “recibió una llamada telefónica anónima de una mujer diciendo que desde hace seis meses trabajaba en el bar “Dassan Golden Palace” ubicado en la Zona Hotelera, donde el administrador era Isidro Santamaría, y lo apoyaba Frank Escamilla. La supuesta víctima relató que es de origen venezolana y desde esa fecha la vienen obligando a prostituirse”. Todo lo confesó vía telefónica.
“Con esta denuncia anónima, el fiscal Julio Cesar Ortega Rodríguez ordenó a la Policía Ministerial Federal una investigación y el cinco de marzo de 2019 acudieron a corroborar donde según constataron la venta de droga, gente armada y la trata de personas”.
El 15 de marzo procedieron a realizar un cateo en la cual mencionaron en el expediente que encontraron droga, un arma de fuego y mujeres de origen extranjero que eran prostituidas. Sin embargo, estos delincuentes disfrazados de policías federales hicieron su operativo a modo, pues arrancaron cámaras y se apoderaron de aparatos de cómputos para evitar que se grabara lo que estaban haciendo y que al final no pusieron a disposición del Ministerio Público Federal, al grado que meses después un juez de Distrito determinó ilegal el cateo y ordenó a la Fiscalía General de la República que devolvieran el inmueble que aseguraron de manera ilícita; aunque esta autoridad se negaba hacerlo.
Las cosas no quedaron ahí, ya que de una u otra manera tenían que extorsionar al empresario Isidro Santamaría, pues según una mujer de origen cubano denunció que el dueño del bar obligaba a las mujeres a prostituirse, les robaba su dinero mediante una cuota, y demás relatos que ella declaró.
El empresario fue detenido mediante una orden de aprehensión y que al final lo estaba extorsionando con cinco millones de pesos y que no pagó, por eso está en la cárcel de Cancún desde hace un año y siete meses por “trata de personas” en agravio de una víctima que nunca se ha presentado a las audiencias, además su caso no avanza a raíz que en Quintana Roo la justicia no es ni pronta ni expedita a pesar que en el 2016 entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio para evitar que inocentes continúen en prisión.
CASO FLORIAN TUDOR
Otro caso más de estos operadores del crimen organizado (FGR, FGE y Gobierno del Estado), fue del empresario Florian Tudor de origen rumano, a quien este delincuente uniformado de nombre Jesús Alberto Capella Ibarra, expuso ante la “Mesa de Seguridad”, como el cabecilla de una mafia rumana”, y con ayuda del delegado en Quintana Roo de la Fiscalía General de la República, Javier Ocampo García, armaron un expediente bajo los delitos de clonación de tarjeta, lavado de dinero y posesión de armas, pero lo raro, que casualmente también esta autoridad recalcó que las investigaciones de iniciaron a raíz de una llamada anónima.
Esta autoridad federal con ayuda de militares, marinos, policías federal y a lo lejos estatales, el pasado 11 de mayo de 2019 armaron un cateo al domicilio de Florian Tudor ubicado en la calle Robalo, en la Supermanzana 3 de Cancún, donde de entrada se apoderaron de cámaras de vigilancia para evitar que grabara sus irregularidades, además que sometieron al empresario, a su esposa e hijos menores de edad; posteriormente se dedicaron a sustraer dinero, joyas, causar destrozos y al final le sembraron una pistola vieja para fundamentar su cateo.
Este domicilio, otro en la avenida Cobá, y un rancho en la Ruta de Los Cenotes ubicado en el municipio de Puerto Morelos, luego de un cateo la Fiscalía se los aseguró al empresario; sin embargo, cuatro meses después un Juez de Distrito determinó ilegal los cateos y la devolución de los inmuebles, inclusive no pusieron a disposición todo el sistema de cómputo asegurado. En el domicilio de la calle Robalo, estos delincuentes federales dejaron todos los aires acondicionados encendidos con las puertas abiertas y rompieron paredes.
Lo cierto que esta dichosa “Mesa de Seguridad” dedicada a delinquir, no pudo comprobarle los delitos ni que forma una mafia de rumanos, al empresario Florian Tudor, quien terminó denunciando a Javier Ocampo García, sus fiscales, policías y al propio Capella Ibarra, ya que de la misma forma operaron en el caso del líder cetemista José Isidro Santamaría.
El empresario rumano llevaba ocho años trabajando con su red de cajeros automáticos en Quintana Roo y otros estados, y a la fecha no existe ninguna queja o denuncia por parte de las sucursales bancarias o cuenta-habientes; sin embargo, el delegado de la FGR y Capella Ibarra utilizaron medios nacionales y extranjeros (pagados) para difamar a su empresa bajo el argumento de que clonaban tarjetas para obtener fuertes sumas de dinero, además de que son buscados por la DEA y el FBI, aún cuando Florian Tudor labora y está ubicado por las mismas autoridades.
JAVIER OCAMPO Y ALBERTO CAPELLA PRINCIPALES CABECILLAS DE LOS ATAQUES CONTRA EMPRESARIOS EN QUINTANA ROO; TAMBIÉN INSTALARON CÁMARAS DE VIGILANCIA FRENTE A LA CASA PARA VIGILARLO LAS 24 HORAS.
