Fiscalía sigue atentando contra la sociedad; Montes de Oca quiere saquear completamente al Estado

El fiscal general de Quintana Roo Oscar Montes de Oca Rosales, ha representado un riesgo para la sociedad quintanarroense, no solamente por los acuerdos que tienen con grupos delictivos (secreto a voces) a través de su gente de confianza que trajo de la Ciudad de México, sino que atenta con pequeños negocios que rodean la Fiscalía en este municipio de Benito Juárez, y que afecta a los que posiblemente él tiene al interior de esta instancia.

Sonia Uicab, propietaria del negocio de copias y trámites que se encuentra ubicada sobre la avenida Xcaret a las afueras de las instalaciones de la Dirección de Tránsito, denunció públicamente, que sus empleadas ofrecen este tipo de servicios frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, a las personas que pretenden sacar copias o hacer trámite de los Antecedentes No Penales.

La mañana de hoy jueves, salió una persona vestida completamente de blanco (tipo enfermero) y dijo que era personal de la Fiscalía, por lo que señaló a todos los que estaban formados para realizar algún trámite o la carta de Antecedentes No Penales, que el servicio es completamente gratuito y no se cobra como lo hacen en el negocio que estaba a unos metros de ahí, inclusive, les repartió formatos.

Lo cierto que este mentiroso “trabajador” de la Fiscalía fue enviado por el titular, según hizo referencia, posiblemente refiriéndose al fiscal Oscar Montes de Oca; además que no es gratuito los Antecedentes No Penales como se los hizo saber a las personas, pues tiene un costo de 206 pesos, más aparte las copias que haya que sacar.

Este es un negocio que tiene adentro Oscar Montes de Oca Rosales, y la intención es sacarle provecho económico a todo lo que se pueda en Quintana Roo, pues bien sabe que viene de paso de la Ciudad de México y no precisamente con intenciones de combatir a la delincuencia o buscar a los que cometen un delito, ya que las mismas personas dentro de la Fiscalía, sabe que existen acuerdo con grupos delictivos para archivar expedientes o no investigar todo lo relacionado con ejecuciones.


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