Mientras que en Quintana Roo todos los días se registran hechos violentos, en lo particular la ciudad de Cancún donde existe un alto acuerdo con la delincuencia organizada, los diputados que presiden la comisión de Procuración de Justicia en la XVI Legislatura, mostraron complicidad en la protección al fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, ya que nunca lo cuestionaron, ni este mal funcionario presentó números importantes de su desempeño durante su comparecencia de ayer martes.
El medio día del 9 de diciembre, es decir seis días antes de la comparecencia de Montes de Oca, la diputada Roxana Lili Campos Miranda, encargada de la Comisión de Procuración de Justicia, descaradamente llegó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Chetumal, a bordo de un vehículo Nissan tipo Altima color café, con placas de circulación URB-606B y manejado por su chofer.
La finalidad de la diputada, ponerse de acuerdo con el fiscal general de cómo iban a manipular la comparecencia y a los diputados: Roberto Erales Jiménez, Hernán Villatoro Barrios, y al propio coordinador de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gustavo García Miranda, ya que todos ellos y otras más, les tembló la mano y la voz para cuestionar a este mal funcionario que vino a Quintana Roo a saquear bajo acuerdos delictivos.
Dentro de la comparecencia de Montes de Oca, realizada a las 16:30 horas de ayer martes en el Congreso, mencionó “la supuesta reducción en los delitos entre 2018 y 2020, incluso que Quintana Roo está en los últimos cinco lugares con menor incidencia delictiva”.
Oscar Montes de Oca, dijo que “en materia de feminicidios en 2018, solamente se judicializaron siete expedientes, mientras que 17 en 2019, y en 2020 van 24. En extorsión, se judicializaron nueve expedientes en el 2018; en 2019, 16 expedientes; y 25 en el 2020”.
En secuestro, se judicializaron 10 expedientes en el 2018; 16 en 2019; y 19 2020. Por narcomenudeo, en 2018 se judicializaron 247 expedientes; 340 en 2019; y 343 en 2020. En homicidios, se turnaron ante el juez 90 expedientes en 2018; 162 carpetas de investigación en 2019; y 200 en 2020.
Con estos números, entre otros, cayeron a sus pies o les dio atole con el dedo el fiscal general, a los alcahuetes y cómplices diputados encabezados por Lili Campos, ya que nunca lo cuestionaron del combate a la delincuencia, la corrupción, el tráfico de influencia y el saqueo a la Fiscalía.
De entrada, desde la llegada en el 2018 de Oscar Montes de Oca, se ha registrado en Quintana Roo, más de mil 500 ejecuciones y sin la detención de los responsables, incluso de líderes de Carteles que trabajan libremente. El único que detuvieron fue al colombiano Brian Alberto Zapata López, jefe de sicarios de la organización Jalisco Nueva Generación, y lo dejaron escapar de la Fiscalía de Narcomenudeo.
En relación a este delito de homicidio (ejecución), nunca dio número de detenidos, es decir, no hay resultados, así como de cuántas bandas delictivas aprehendidas dedicas al robo de automóviles, motocicletas, a casa habitación y negocios, por extorsiones o derecho de piso, sólo se desplazó señalando porcentajes que no dicen nada en el combate a la delincuencia (números exactos de detenciones, armas y droga).
En su comunicado esto es lo que menciona: “la Fiscalía inicia un promedio anual de 40 mil carpetas de investigación, de las cuales un 43.7% corresponde a la incidencia delictiva por robo, la violencia familiar ocupa el 12 %, el daño a la propiedad corresponde al 8.1%, las lesiones equivalen al 7.1 %, mientras que el fraude y el homicidio ocupan el 3.8 y 3.1 % respectivamente, además del resto de la incidencia ocupada por otros delitos”.
TRÁFICO DE INFLUENCIA DE OSCAR MONTES DE OCA
Asimismo, los diputados no lo cuestionaron de la fuente de empleo que ha creado en la Fiscalía para sus familiares, amigos, diputados y ex diputados, incluso convictos de la Ciudad de México, y hasta queridas de los directores con sueldos mayor a los 60 mil pesos mensuales. Por mencionar algunos de ellos: su hija Ana Gabriela Montes de Oca Preciado, con un cargo de fiscal, pero la tiene en su despacho, y el sueldo es de 29 mil pesos quincenales; su cuñado Cesar Octavio Ayerdi Hernández, operador financiero (el que mueve la lana); Mónica de Ávila Lozano, directora de Comunicación Social y tiene de fotógrafo a su esposo Adolfo Jasso Martínez, entre otros.
En tanto sus amigos: las hermanas Beverly Estefani y Brenda Jicel, de apellidos Ramos Menjivar. La primera tiene el cargo de subdirectora de Planeación y Control de Capital Federal, donde gana 36 mil 412 pesos, en tanto su hermana, secretaria ejecutiva adscrita a la Subdirección de Capital Financiero, y su sueldo es de 10 mil 934 pesos. Sin embargo, no solo ellas, sino que hasta la mamá entró a nómina: Rosario Ingrid Menjivar Alfaro, con un salario de nueve mil 758 pesos y con el puesto de secretaria adscrita a la Subdirección de Capital Material y Servicios Generales.
Asimismo, los hijos de la candidata a diputada en las elecciones pasadas, Fátima Garnica Andere, ellos son: Rubén Zarif y Fátima Yamilet de apellidos Ávalos Garnica, con los cargos de auxiliar administrativo y ministerio público, respectivamente.
Ahora si hablamos de corrupción, los ministerios públicos tienen la consigna de cobrar entre 15 y 20 mil pesos por cada detenido, de lo contrario, aunque sea delito menor, sino pagan los envían al Cereso. En la Fiscalía de Narcomenudeo, los cobros por detenidos con droga son de 50 a 100 mil pesos, y sin integrantes del grupo delictivos con quienes tienen acuerdos los dejan en libertad. Y hablando de irregularidades, la ministerio público que andaba bien borracha en una camioneta asegurada días antes, se volcó en la avenida Kabah y Huayacan, y nunca la sometieron a una sanción porque es del grupo de “los chilangos”; sin embargo, la ignorancia de los diputados no los hace ver más allá del billete que reciben.
Diputados muestran en comparecencia complicidad en protección al fiscal Oscar Montes de Oca
Diputados de la comisión de procuración de Justicia no ven más allá del billete, sobre la corrupción, trafico de influencia y protección a la delincuencia que existe en la Fiscalía.
La diputada Roxana Lili Campos Miranda descaradamente acudió el 9 de diciembre a la Fiscalía para reunirse con Montes de Oca y ponerse de acuerdo de la comparecencia.
