A un mes y medio exactamente que fueron baleados los reporteros Roberto Becerril y Cecilia Solís, en tanto algunos manifestantes sufrieron golpes, robo y hasta mujeres toqueteadas de sus partes íntimas por policías municipales de Benito Juárez adscritos al “Mando Único”, ningún juez de Control ha emitido ordenes de aprehensión en contra de los responsables, y el fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, solo engañó a todos al señalar que se ejercitó acción penal.
Quintana Roo es uno de los estados donde más abunda la corrupción, abuso de poder, tráfico de influencia entre la Fiscalía, jueces y Gobierno del Estado quienes violan y manejan las leyes a su modo mediante este triangulo de mafiosos. Dos ejemplos más claros que el agua; a principios de noviembre de 2018, policías municipales de Benito Juárez se manifestaron en los patios de la misma corporación, en contra del titular Jesús Pérez Abarca, a quien sacaron del edificio a empujones y bajo insultos hasta ponerlo en la calle.
En cuestión de días, la Fiscalía General del Estado integró una carpeta de investigación en agravio de Pérez Abarca, y a 25 días un juez de Control liberó una orden de aprehensión en contra de 16 policías que participaron, acusados de motín y acción en agravio de la administración pública.
De esta manera, la Fiscalía General del Estado y los jueces demostraron que “en Quintana Roo la justicia es pronta y expedita”; sin embargo, no para todos, pues si recordamos el caso donde dos reporteros fueron baleados y varios manifestantes golpeados, robados y mujeres toqueteadas de sus partes íntimas por policías municipales de la misma corporación de la que fue víctima Jesús Pérez Abarca, las autoridades encargadas de hacer justicias ya se olvidaron del caso porque ningún responsable está detenido.
El nueve de noviembre de este 2020, un sin número de jóvenes se manifestaban en la explana del Ayuntamiento de Benito Juárez, por el asesinato de la joven Alexis, estos aprovecharon el momento para vandalizar en el edificio del Ayuntamiento.
Luego de lo acontecido, intervino la Policía y lejos de aplicar el protocolo, el secretario Eduardo Santamaría Chávez, por órdenes de su jefe Jesús Alberto Capella Ibarra, empezaron a disparar supuestamente al aire para dispersas a los vándalos; sin embargo, no fue así, ya que los disparos lo realizaron hacia abajo y lesionaron a los reporteros Cecilia Solís y Roberto Becerril quienes cubrían lo que estaba pasando.
No satisfecho los uniformados, agarraron a varios de los manifestantes y los golpeaban con sus macanas, les quitaron el celular y sus pertenencias, y a las mujeres les agarraban sus partes íntimas.
En el caso de Pérez Abarca, la Fiscalía y un juez realizó todo el proceso de detención en 25 días en contra de los policías, en tanto en este segundo caso, lleva casi dos meses y no hay un solo detenido, solo el fiscal general Oscar Montes de Oca Rosales, el 13 de diciembre emitió un mensaje confuso por que tenía encima a instancias federales, donde dijo que se ejercitó acción penal en contra de nueve mandos y dos policías rasos; al día siguiente, debido a que los diferentes medios de comunicación publicaron la detención de estos, emitieron un segundo comunicado para decir que los imputados no estaban detenidos.
Lo cierto que todo está controlado por el propio Gobierno del Estado, ya que manipula al fiscal General Oscar Montes de Oca y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio León Ruiz.
La mafia del poder en Quintana Roo
En 25 días la Fiscalía del Estado y un juez de Control encarceló a 16 policías que sacaron a empujones a un jefe policiaco
No hay policías responsables de las agresiones que sufrieron reporteros baleados
