Quintana Roo, 8 de abril de 2021.- ¿Qué es delincuencia organizada? Es la actividad delictiva de un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglos y miras a obtener directa o indirectamente, un beneficio económico, político u otro de orden material.
En la sociedad, usualmente se comete el error de usar indistintamente los conceptos de crimen organizado y organizaciones criminales. Ambos hacen referencia a un grupo de personas que, buscando alcanzar sus objetivos que pueden ser riqueza, poder, entre otros, realizan acciones que van en contra de la legislación existente.
La diferencia entre delincuencia organizada y grupo criminal es que, en el primero existen personas con los vínculos necesarios para evitar ser perseguidos por los delitos que cometen o evitar la pena o castigo de los mismos, en tanto el segundo no tiene estos vínculos.
El término de crimen organizado se ha utilizado recientemente para señalar a grupos de personas que se dedican a traficar drogas, personas, cometer secuestros, asesinatos, entre otros delitos, por lo consiguiente, no es lo mismo que delincuencia organizada.
El significado de delincuencia organizada es claro, es la forma que operan los diputados en el Congreso del Estado, ya que son ellos quienes protegen a los funcionarios vinculados con grupos criminales que vienen operando desde hace casi cinco años que entró a gobernar Carlos Joaquín González, y a cambio perciben grandes beneficios económicos para callarse y defender lo indefendible.
El 3 de septiembre de 2019, tomaron protesta en el Congreso del Estado 25 diputados para el periodo 2019-2022. A un año y siete meses, solo se han dedicado a proteger a funcionarios que han traído la violencia a Quintana Roo mediante acuerdos con el crimen organizado, y bajo el conocimiento del gobernador Carlos Joaquín, ellos son: Oscar Montes de Oca Rosales, fiscal general del Estado, y Jesús Alberto Capella Ibarra, titular de la Policía, quien a pesar de que no está físicamente los diputados saben que él sigue al frente de la seguridad; sin embargo, estos legisladores juegan a la “gallinita ciega”, no vamos lejos, la reciente aprobación de 820 millones de pesos para Carlos Joaquín y casualmente en tiempos de campaña.
¿Por qué delincuencia organizada dentro del Congreso del Estado? Simplemente porque los diputados obtienen directa o indirecta beneficios económicos, políticos u otro tipo de manera personal, por ejemplo: el panista Eduardo Martínez Arcila, quien estuvo en la XV Legislatura pasada y hoy en la actual; sin embargo, a tres años que desapareció 100 millones de pesos y con una denuncia en su contra por ese motivo, no hay investigación.
Otro personaje: Lilí Roxana Campos Miranda, se ha dedicado a proteger al fiscal Oscar Montes de Oca, aún cuando es uno de los principales funcionarios protectores de grupos delictivos que han aumentado tanta violencia (cuatro mil ejecuciones en el gobierno de Carlos Joaquín).
El diputado Hernán Villatoro Barrios, en su momento cuestionó el pésimo desempeño de materia de seguridad de Capella Ibarra, tal como lo hizo también Emiliano Ramos, pero sólo fue para que les callera un recurso a su cuenta bancaria, pues ya no volvió a tocar el tema. Todos están cortados con la misma tijera.
Algunos de estos diputados se han vuelto tan descarados, que se volvieron a postular para un cargo a pesar de su mal desempeño o ignorancia en el Congreso, uno de ellos Alberto Batún Chulim, quien tiene en la nómina de la Fiscalía a su hermana Karina Marisol Batún Chulim. A este diputado le falta más de un año para concluir su responsabilidad, pero ahora hace campaña para diputado federal.
