Benito Juárez, Q. Roo, 18 de noviembre del 2025.- Como resultado de las investigaciones de la Policía Ministerial, lograron asegurar a siete delincuentes en el Municipio de Playa del Carmen, como presuntos responsables de la ejecución de un policía de la misma corporación, ocurrido en esta ciudad de Cancún, la madruga del domingo pasado, a quienes les encontraron cinco armas de fuego y se desplazaban en dos taxis del sindicato de “Lázaro Cárdenas del Río”.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer que los detenidos son identificados como César Alexis, Gregorio Nicolás, Óscar Omar, Juan José, Juan Ricardo, José Daniel, y un menor de edad quienes participaron en el asesinato de un agente de la Policía Ministerial, la madrugada del domingo 16 de noviembre del año en curso, en el estacionamiento de la Plaza de Toros ubicado en la avenida Bonampak y Labná, en la Supermanzana 4.
Al momento que se les detuvo sobre la carretera entre los Municipios de Playa del Carmen y Tulum, los ministeriales les encontraron dos armas largas calibre .223 milímetros abastecidas, tres pistolas tipo escuadra calibres .9 milímetros, también todas con sus cargadores y bastecidas con cartuchos, además, bolsitas de nailon que contenían marihuana.
En lo que respecta a la zona del crimen, dentro de las diligencias que se realizaron, los peritos en criminalística encontraron 17 cartuchos, de los cuales la víctima (ministerial) fue impactado por 10 balas. Según los exámenes de balística, tres de las armas aseguradas a los detenidos coinciden con las utilizadas en el homicidio.
Asimismo, a los delincuentes les encontraron tres vehículos del servicio público en su modalidad taxi, perteneciente al sindicato “Lázaro Cárdenas del Río”, en el Municipio de Playa del Carmen. Las unidades son de las marcas Kia tipo Río; Nissan tipo Versa-Driver, y Nissan Tiida.
En las investigaciones de los ministeriales, estos siete detenidos formaban parte de un grupo criminal generador de violencia y dedicado a la venta de droga. Tras su detención, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.