En el mes de Septiembre del 2017, fue creada la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en Quintana Roo, con la intención de enjuiciar y encarcelar de ser posible, a funcionarios que durante su labor se dedicaron a enriquecerse de manera ilícita o saquear al gobierno, por lo que el 14 del mismo mes, tomó protesta la titular Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, ante diputados de la XV Legislatura, . La nueva fiscal quien días antes era la vicefiscal en la Zona Norte de la Fiscalía General del Estado, y la acomodaron a modo para traer beneficios al gobierno actual, estaría en el cargo por un tiempo de siete años y “su encomienda” según era enjuiciar a todos aquellos ex funcionarios o actual funcionarios que hayan caído en actos de corrupción o desempeño irregular de la función pública. A tres años exactamente que asumió el cargo Antonina Villanueva Arzápalo, lo único que ha hecho después de su nombramiento, encarcelar al ex gobernador Roberto Borge Angulo y a sus colaboradores, bajo la encomienda de Carlos Joaquín González, a raíz que traen viejas rencillas familiar desde Cozumel y no precisamente derivado del combate a la corrupción. Solo para recordar el supuesto trabajo que ha realizado la Fiscalía Anticorrupción tan luego se creó: enjuició al ex gobernador Roberto Borge Angulo; a su tesorero José Alejandro Marrufo Roldán; Mauricio Góngora Escalante, también ex tesorero; Gabriel Mendicuti Loría, ex secretario de gobierno, Paula González Cetina, ex directora de CAPA; Mauricio Rodríguez Marrufo, entre otros más acusados del delito de peculado. Esta administración Estatal, es la peor que ha tenido en su historia Quintana Roo ante tanta irregularidades e ilícitos y violencia, en lo particular los acuerdos que a la fecha tiene con el narcotráfico el titular de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, y el fiscal General Oscar Montes de Oca Rosales; ambos al servicio y encomiendas del ejecutivo Carlos Manuel Joaquín González, además de los saqueos y desvío de recursos que tiene el gobierno del estado, a través de obras públicas e inversiones en materia de seguridad. Sin embargo, a tres años de su creación de la Fiscalía Anticorrupción, ningún funcionario de este gobierno ha sido enjuiciado a pesar de que tiene abierta esta autoridad 816 carpetas de investigación y en algunas vinculados a cinco funcionarios. El primer año, es decir el 14 de Diciembre, la fiscal Rosaura Villanueva anunció que tenía alrededor de 300 carpetas de investigación donde se investigaban a 600 funcionarios entre la pasada y actual gobierno, incluso ya se había enjuiciado el 30 por ciento (90 expedientes). Un año después, en Septiembre de 2019 la fiscal declaró que había 816 carpetas de investigación en contra de ex y actuales funcionarios, entre ellos policías y agentes de Tránsito, por los delitos de corrupción o desempeño irregular de la función pública.
Sin embargo, a los funcionarios que ha metido a la cárcel Antonina Villanueva son a ex colaboradores de Roberto Borge, en tanto los casos de esta administración solo los ha archivado aún cuando existen un buen número de servidores públicos involucrados en hechos de corrupción y el ejemplo está en las estadísticas que no mienten. Villanueva Arzápalo es una funcionaria más al servicio del gobierno del estado y no autónoma como se hace llamar, y está controlada por el ejecutivo Carlos Joaquín González, para perseguir a los funcionarios de la administración pasada y no los delincuentes en su gobierno.
