Chilangos carecen de título profesional y reciben generosos sueldos en Fiscalía; en directorio no ap

En 2019, Óscar Montes de Oca Rosales, titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) ejerció un presupuesto de 903 millones 207 mil 811 pesos, de los cuales 615 millones 261 mil 256 pesos los destinó al rubro de “servicios personales”, es decir, sueldos, remuneraciones especiales, estímulos a servidores públicos y demás prestaciones sociales y económicas; sin embargo, esos recursos no han llegado al personal quintanarroense, quienes vienen señalando la falta de incremento salarial. De acuerdo a datos obtenidos por la asociación civil “Somos Tus Ojos”, 273 millones 937 mil pesos se han destinado al rubro de “remuneraciones adicionales y especiales”, monto superior al pagado por “remuneraciones al personal de carácter permanente”, al que se le asignaron solo 157 millones 457 mil pesos. En la partida “otras prestaciones sociales y económicas”, la Fiscalía gastó el año pasado, 154 millones 24 mil pesos, a pesar de ello, el personal no ha visto los beneficios.

MAS DE 200 CHILANGOS INGRESARON A LA FISCALÍA Desde que inició su gestión y hasta febrero de 2020, el fiscal general Óscar Montes de Oca Rosales, ha contratado a 232 personas entre directores, subdirectores y personal de diversas áreas administrativas, pero con cargos. El fiscal general, se desempeñó como subprocurador en el Distrito Federal cuando estaba de jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, y ahora todas estas personas que estuvieron en estuvieron con él, los trajo para laborar en Quintana Roo, entre los que se encuentran: Luis Carlos Ruiz Rello, Juan José Olea Valencia, Diana Amador González, Santa Cecilia Chávez Gutiérrez, José Antonio Espinosa Martínez, Rubén Arturo García Estrella, Raúl Gudiño Resendiz, Adrián Hernández Reyna, y Mónica de Ávila Lozano; esta última era reportera de Televisa y ahora es directora de Comunicación Social sin presentar su título profesional, y gana mensual 42 mil pesos. Asimismo, a Alfonso Díaz Pauli, quien tiene el cargo de coordinador de ministerio públicos y por cierto, lo sancionó Contraloría por no cumplir en tiempo en la entrega de recepción de los recursos humanos, materiales y financieros que tenía a su cargo como responsable de la Agencia de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc de la PGJDF, en 2014. Otra funcionaria chilanga es Rosa María Hernández Ruiz, quien se desempeña como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas. Otras personas contratadas por honorarios son Edwigs López Reséndiz, quien con un puesto de “asesora”, según la ficha curricular que carece de los datos de trayectoria profesional, percibe un sueldo de 42 mil pesos al mes, siendo muy visible su “trabajo” en twitter donde se dedica a compartir la información del gobierno del estado y de la Fiscalía. Destaca el hecho de que abrió su cuenta en dicha red social en julio de 2019. Al mal visto grupo de “los chilangos” privilegiados por Montes de Oca, se suman David Lozano Santana, Cristóbal Martín Mendoza de Vicente, Marcela Murillo Herrera, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad de la zona sur; Jaime Ontiveros Patiño, Viridiana Orozco Herrera, directora de Coordinación Interinstitucional, y quien laboró como directora de normatividad, verificación y cumplimiento del INVEA, en la Ciudad de México, La lista de los empleados que ocuparon un puesto en la Fiscalía del entonces Distrito Federal es muy larga, y a ella se suman Cesar Octavio Ayerdi Hernández, director de administración y planeación, quien trabajó como Oficial Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; Alain Duran Villaseñor, subdirector de recursos materiales; Vicente Iturbe Mendoza, director general de desarrollo institucional, con un salario de 60 mil pesos mensuales, y a quien se le abrió un procedimiento por presentar tardíamente su declaración patrimonial en 2016, cuando trabajaba en la Fiscalía General de la Ciudad de México, omisión que cometió pero que se le “perdonó”, quedando exentó de sanción alguna. Erika Yolanda Bacelis Arzápalo, es otra funcionaria del grupo de “los chilangos”, quien igual que el anterior fue sancionada con amonestación pública porque omitió presentar las declaraciones de situación patrimonial cuando laboró en el Segundo Tribunal Colegiado con residencia en Cancún, Quintana Roo.

AVIADORES Con puestos de “receptor”, “analista técnico”, “analista profesional”, secretaria e incluso “intendente”, figuran múltiples empleados; de obligada mención resulta Martha Beatriz Enriquez Kaufachi, hermana de Juan de la Luz, hombre cercano al gobernador Carlos Joaquín González; y también hermana de Jesús Enriquez Kaufachi, quien se desempeña como secretario particular del fiscal Óscar Montes de Oca. Como “analista profesional”, Martha Beatriz Kaufachi gana 16 mil pesos. Regina Torres Caballero, como “receptora” gana cinco mil pesos mensuales; destaca que desde el 2016, recibió numerosas “ayudas sociales”, de acuerdo al padrón del Poder Legislativo. Claret Iraide Poot Peña, Dorian Patricia Ríos Bosch; Irving Enrique Acal Batun, Melida Aseret Medrano Mayo, Miledy Alejandra Castillo Castro y Ana Laura Pérez Guerrero se suman a la lista de empleados de puestos peculiares. Carlos Adrián Andrade Pinzón, pasó de ser un deportista beneficiado de la Comisión de la Juventud de Quintana Roo (Cojudeq), a supuestamente trabajar como “intendente”, es decir, haciendo el aseo en la Fiscalía. Jorge Luis Díaz Archi, también pasó de ser parte de las juventudes revolucionarias del PRI a intendente; lo mismo que Armando Castán González, otrora proveedor de la Conjundeq. Fátima Guadalupe Soberanis Morales, antes fue “consejera ciudadana” de la Cojudeq, y ahora también es analista profesional en la FGE. Solange Alpuche Ordaz, actualmente como “analista profesional” percibe 16 mil pesos quincenales, pero fue “brillante becaria del instituto de Administración Pública de Quintana Roo, en 2017, año en que consiguió una de las tres becas que dio este Instituto financiado por el gobierno del estado, para estudiar en España. Jorge Jesús Castillo Valverde, está contratado como auxiliar administrativo y también figura como beneficiario de ayudas sociales del Congreso del estado; Elda Dalila Cervantes Jarquin, tiene una placa del Sindicato de taxistas de Chetumal. Otros auxiliares administrativos son Francisco Gamaliel Sánchez Mercado, Guillermo Villanueva Martínez, Wayne Jesús Cachon Carrillo, quien fungió como apoderado legal del Sindicato de Trabajadores del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Del DIF también provienen Alfredo Méndez Hernández, ahora analista profesional con salario de 16 mil pesos; y Rosario Ingrid Menjivar Alfaro, secretaria. Por su parte, Ana Gabriela Moreno Torres, con un sueldo de 16 mil pesos, figura como jefe de departamento de análisis de la información financiera, pero de acuerdo a su perfil de LinkedIn es coordinadora de ventas en The Mayan Cacao, en Cozumel.

ASESORES PATITOS A la larga lista de personas venidas de la Ciudad de México, se agregan Jesús Rodríguez Núñez, como asesor y con un sueldo de 42 mil pesos; Miguel Ángel García Sandoval, Norma Isabel Yescas Velázquez, también asesora; José Luis Bonilla Rodríguez “asesor en administración”; el director de Servicios Periciales, Noé Tapia Albino. En puesto clave también fue colocado Jorge Daniel Valdez Oberhauser, quien trabaja como subdirector de capital material y servicios generales; antes estuvo en la subsecretaría de Finanzas y Planeación de la Secretaría de Seguridad Pública en la actual administración y previamente laboró en el gobierno de la Ciudad de México en los últimos años.

PUESTOS ECHIZOS Entre los contratados por honorarios están también siete digitalizadores: Karla Vianey Cab Ramírez, Yarecxi Concepción Cetina Pérez, Melina Soledad González Velázquez, Yayni Seraccin Nava Landero, Leonela Salvatierra Ortiz, Dorian Sinai Solis Correa, Rosaura Irene Ucan Cocom y Paulina Vianey Velázquez Can. El gasto para el pago a los empleados contratados por honorarios asciende a un monto mensual de alrededor de 4 millones de pesos mensuales. (Cortesía de Somos tus ojos)

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