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A cuatro años de su gobierno, Carlos Joaquín derrotado en materia de seguridad; lo hundieron los for

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, a casi cuatro años de gobierno nunca pudo combatir ni controlar a la delincuencia de todos los ámbitos, a raíz que los encargados de brindar la seguridad y procurar la justicia, Jesús Alberto Capella Ibarra y Oscar Montes de Oca Rosales, llegaron para hacer acuerdos con grupos delictivos y obtener grandes ingresos mensuales que superan los cinco millones de pesos. En los ocho meses que han transcurrido del año, hasta el momento se tiene un promedio de 350 personas ejecutadas en el estado, más aparte los baleados que superan a este mismo número, solamente del domingo a martes siete asesinatos ligados con la delincuencia organizada: dos en una taquería de la Región 238, uno en la Región 96, uno en libramiento autopista (Gas Auto), uno en Arco Vial a la altura de la Región 252, uno en la colonia Santa Martha; todos estos en el municipio de Benito Juárez, y uno más en Solidaridad, en donde encontraron a un taxista dentro de su vehículo a orillas de la carretera. El año pasado, el saldo fue de 657 ejecutados por la delincuencia organizada, sin detener a los responsables, en tanto en el 2017, más de 350 casos; esto sin contar las personas baleadas y desaparecidas o no encontradas. Hoy en día la Fiscalía General del Estado se encuentra cerrada en la información que solicita los medios de comunicación sobre las estadísticas, y sólo emite a modo y lo que le conviene, pues no hay número de personas aseguradas por robo de auto, motocicleta, negocios de toda índole, por extorsión en el cobro de derecho de piso, narcomenudistas y homicidas. Esta autoridad solo omite información que no está relacionada con el crimen organizado o mejor dicho, del grupo al que ellos protegen. Jesús Alberto Capella Ibarra, titular de la “Policía Quintana Roo”, es el otro funcionario que llevó al fracaso a Carlos Joaquín González, en materia de seguridad, pues aún cuando en repetidas ocasiones ha vociferado que las cámaras de video vigilancia han servido para el combate al delito, éstas solo sirven para mostrar imágenes cuando es ejecutado un policía, y después da la casualidad que gracias a las misma, se logra identificar al sicario o la detención del mismo. Tal es el caso del uniformado Carmen Guerra Pinto, asesinado la semana pasada dentro de su patrulla, o del caso ocurrido en abril del 2019, en Puerto Juárez. El ejecutivo jamás pudo mantener la tranquilidad y la paz en Quintana Roo, mucho menos sirvió para la seguridad las cámaras de video vigilancia donde invirtió según él, más de 100 millones de pesos. Lo cierto que esta tecnología ha permanecido al servicio del grupo delictivo “Cartel de Jalisco Nueva Generación" y otras organizaciones, a quienes se sabe por los mismos policías, protegen la Fiscalía General del Estado y la Secretaría Estatal de Seguridad Pública o mejor dicho sus titulares.

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