En documento que enviaron los afectados a “Crítica de Quintana Roo”, señalaron que: hacemos público y del conocimiento de la sociedad que el “Mando Único” policiaco que lidera el secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, se ha convertido en el principal ente extorsionador y perseguidor de empresarios y hombres de negocios en el estado. Que desde su llegada al Estado de Quintana Roo como Secretario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, notificó a policías municipales de Benito Juárez, que el asumiría el “Mando Único” de la seguridad de Quintana Roo, incluidos policías municipales, estatales y ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) y que todos los policías tenían que rendirle cuentas a él. Que como “estrategia de seguridad”, Jesús Alberto Capella Ibarra solicitó a todos los policías municipales y estatales recabaran información de todos los empresarios de Cancún, mexicanos o extranjeros, nombre de cada uno de ellos, nombre de sus empresas, ubicaciones, giro de sus empresas, montos de sus ingresos, domicilios particulares, vehículos en que se transportan y que verificaran si tenían o no escoltas. Tras obtener la información privilegiada de empresarios locales por parte de los policías a su mando, Jesús Alberto Capella Ibarra, líder del “Mando Único” en Quintana Roo, inició una persecución contra hombres de negocios en Cancún y otra partes del estado e instruyó a sus policías investigar de manera especial a los empresarios de origen rumano, de quienes pidió sacar fotos y videos de sus personas, ubicaciones y movimientos, en especial del empresario Florián Tudor, todo esto, según denuncias de policías municipales de Benito Juárez, asentados ante la Fiscalía General de la República en la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-QR/0000287/2019. Desde entonces, hemos sido víctimas de una persecución policiaca, acoso, vigilancia, amenazas para ceder a extorsiones de policías municipales, estatales y federales, agentes de la marina, ministeriales y fiscales, todos al mando del señor Jesús Alberto Capella Ibarra. Que a través de una bien organizada red de delincuencia operada desde el “Mando Único” de la policía de Quintana Roo, en complicidad con la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), al mando del ex delegado Javier Ocampo García y la ex subdelegada Bertha Córdero Reyes y los Agentes del Ministerio Público Federal (Cesar Eduardo Cervantes Saavedra y Enrique Pérez García, entre otros) de esta delegación nos fabricaron expedientes falsos y delitos para extorsionarnos. Que tras fabricarnos expedientes con información falsa y dolosa, los agentes del Ministerio Público Federal (fiscales), Cesar Eduardo Cervantes Saavedra y Enrique Pérez García, lograron obtener de la autoridad judicial Federal una orden de cateo, mediante la cual allanaron a la media noche del día 11 de mayo del año 2019 nuestras propiedades (residencia, oficinas y rancho) e invadieron nuestra privacidad; actos ejecutados con abuso de autoridad, violencia, daños materiales, uso de armas largas, pasamontañas, vejaciones y amenazas a nuestra persona, empleando tortura tanto a los suscritos como a nuestra familia y trabajadores. Que durante los tres cateos ejecutados a dichas propiedades, agentes del Ministerio Público y policías ministeriales, robaron de nuestras propiedades, joyas, relojes finos, obras de arte, ropa, dinero en efectivo y tres cajas fuertes que sustrajeron durante su violenta incursión a estos domicilios. Que durante el cateo a nuestras oficinas corporativas ubicada en la avenida Cobá, robaron media docena de televisores pantallas planas y nueve computadoras E Mac y teléfonos celulares que eran utilizados para desarrollar nuestra actividad, además de causar daños a nuestros servidores y videocámaras de seguridad para borrar evidencias. Durante el cateo al rancho ubicado en el kilómetro 22 + 400 en la Ruta de los Cenotes del municipio de Puerto Morelos, peritos dieron cuenta del robo de animales, como el hurto de cuatro caballos de finos y 22 perros de raza, así como el saqueo de maquinaria pesada, traxcavos, retroaxcavadoras y otros vehículos, además del daño causado a caballerizas y perreras de donde se robaron puertas y hasta alimentos, esto no obstante que dicho inmueble se encontraba asegurado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Cesar Eduardo Cervantes Saavedra y bajo la custodia de la policía Estatal de Quintana Roo y municipal de Puerto Morelos. El saqueo perpetrado en estos cateos por agentes del Ministerio Público Federal y policías federales ministeriales en colaboración con elementos de la Marina, que han conformado esta red delictiva donde el “Mando Único” ha sido pieza clave, asciende a la cantidad de $67, 000,000.00 (Sesenta y siete millones de pesos M.N.), solo en objetos robados, según peritaje del propio órgano de control Interno de la FGR que atiende el caso. El recuento de los daños y perjuicios causados a las empresas que nos destruyeron, superan los $150, 000, 000.00 (Ciento cincuenta millones de pesos M.N.) por cierre y despidos de más de 120 trabajadores, así como la pérdida de convenios y contratos de servicios con bancos, empresas y otras instituciones a las cuales les brindábamos nuestros servicios. Que todos estos cateos, los estuvieron planeando desde la llegada de Jesús Alberto Capella Ibarra a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo, ya que dicho secretario convocó en su momento a varias reuniones de las cuales en dos reuniones de ellas fue con elementos de la policía municipal de Benito Juárez para pedirles mantener vigilado al rumano Florian Tudor, sacarle fotografías y videos de sus movimientos, horas y lugares asiduos, así como los vehículos donde se movía y a sus escoltas. Que dichas reuniones donde Jesús Alberto Capella Ibarra exigió a policías perseguir y vigilar al empresario Florian Tudor y socios, se llevaron a cabo los días 20 y 26 de octubre de 2018, en la sala de junta de la Secretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez. Ante el rechazo de algunos agentes para realizar este tipo de espionaje y persecución a empresarios de Cancún, en vez de hacer su trabajo como policías preventivos en las calles de Cancún, el jefe del “Mando Único” de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, estalló en cólera y acusó a los policías municipales de ser ellos los culpables del “cagadero” en Cancún, y que ellos serían los responsables de limpiarlo, “sin importar cuantos tengan que morir”. Alberto Capella Ibarra, tildó a los policías de Cancún, de “pendejos” e inició una persecución en su contra, que culminó con su despido y encarcelamiento de varios de ellos, tras montar una supuesta rebelión de policías en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Benito Juárez, para acusarlos de insubordinación y sabotaje, según consta en la carpeta FED/FECC/UNAI-QR/0000287/2019, donde los propios policías inducidos por Alberto Capella Ibarra para investigar a empresarios locales, hicieron sus respectivas denuncias ante la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR y la Fiscalía Anticorrupción, cuya investigación está en proceso. Hacemos público que todos estos abusos en el ejercicio de la función pública, exceso de poder, amenazas, persecución y extorsiones se han gestado a través de la red delincuencia conformada por mandos policiacos, municipales, estatales y federales en el “Mando Único” que encabeza Jesús Alberto Capella Ibarra. Que la Fiscalía Especializada al Combate a la Corrupción, Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Propia Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, ya cuentan con toda la información, pruebas y hechos con que se conduce el “Mando Único” y sus cómplices de la FGR en Quintana Roo. Que entre sus actos de persecución y acoso a empresarios, el líder del “Mando Único” de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, mandó a instalar una cámara “espía” (videovigilancia) a escasos 25 metros de la residencia del empresario Florian Tudor, ubicada en la calle Robalo de la SM 3 de Cancún, a finales de diciembre del 2019, con el propósito de vigilarlo y hostigarlo de manera recurrente, violando su privacidad y derechos fundamentales, además de desviar los recursos públicos y los fines de estos monitores etiquetados para el combate a la inseguridad, cámara de vigilancia que fue retirada días posteriores. Tras la renuncia obligada de su amigo Javier Ocampo García, como delegado en Quintana Roo de la Fiscalía General de la República (FGR), Jesús Alberto Capella Ibarra, salió en su defensa y acusó en el noticiero radiofónico de Carlos Loret de Mola, al empresario de origen rumano, Florian Tudor de ser un delincuente internacional, buscado por la Interpol y por las autoridades de los Estados Unidos. La acusación de Jesús Alberto Capella Ibarra es totalmente falsa y dolosa, este funcionario no cuenta con pruebas que respalden sus afirmaciones. Desde que asumió el cargo en Quintana Roo, se ha desempeñado como un mitómano y con una conducta de riesgo para la sociedad quintanorrense. Ninguna de las acusaciones en los expedientes fabricados por la FGR fueron probadas, y hemos ganado todos los juicios con la Ley en la mano. Siendo que los cateos ejecutados a nuestras propiedades han sido declarados nulos y calificados de ilegales por los jueces Federales de control que han conocido de cada caso. Por lo que un juez ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) nos devolviera todas nuestras propiedades aseguradas, al no encontrar delito que perseguir. El aparato de justicia no ha quedado exento de implicaciones y complicidades en estos abusos y atropellos, el juez Federal José Eduardo Cortés Santos, autorizó el cateo a nuestras propiedades, aun cuando el expediente de los fiscales estaba plagado de irregularidades y sin sustento para emitir un acto de molestia de esta naturaleza. El poder judicial federal ha actuado como una “hermandad” para proteger el juez José Eduardo Cortés Santos, quien ante el amparo promovido por las víctimas, solo justifica que autorizó los cateos de buena fe y que fue engañado por fiscales. Todo ha sido una arbitrariedad producto de la corrupción, abuso de poder y las redes de delincuencia organizada con fines de extorsión que las propias autoridades han conformado a través del mal llamado “Mando Único” en perjuicio de los empresarios y la sociedad. Así mismo queremos dejar patente que en medio de todo este “cochinero” y ante el avance de las denuncias e investigaciones, tenemos conocimiento y denunciamos que la Secretaría de Marina y el Mando Único de Quintana Roo que lidera Jesús Alberto Capella Ibarra han presionado e intentado coaccionar a la Fiscal en el Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, bloqueando por momentos la judicialización de la carpeta donde aparecen como imputados y las pruebas aportadas para que se castigue a los responsables. Es por ello que hacemos público, esta historia de amenazas, ilegalidades, extorsiones, abusos de poder, intimidaciones, robo y saqueo de nuestros bienes, así como los daños y perjuicios que todo ello ha ocasionado a nuestras empresas, empleados y familia. Todo este tiempo hemos sido víctimas de un terrible daño psicológico de la policía a nuestras familias y de un desgaste físico, emocional y económico a consecuencia de la batalla legal que libramos para demostrar nuestra inocencia y salvar lo nuestro, una pesadilla que no acaba, trato cruel, inhumano y degradante de quienes desde el poder destrozaron nuestras empresas y patrimonio con total impunidad, sin que se nos respete la presunción de inocencia, si no por el contrario se nos considera y trata como culpables de delitos que no hemos cometido. No existe ningún delito, somos gente honesta y trabajadora, empresarios e inversionistas generadores de empleos, bienestar y progreso para Cancún, Quintana Roo y México. Señor presidente de México y señor gobernador de Quintana Roo, hacemos pública esta denuncia para exigir justicia, buen trato y respeto a nuestros derechos como inversionistas, como padres de familia con hijos mexicanos y ciudadanos radicado de manera legal en Cancún desde hace más de 15 años. En este tenor exigimos castigo a quienes no solo han abusado del ejercicio de la función pública, sino que han incurrido en diversos delitos, robando nuestras propiedades y destrozado nuestro proyecto de vida, causando un daño económico y moral incuantificable e irreparable a nuestro patrimonio, que es fruto del esfuerzo y del trabajo de muchos años.
