Un juez Federal en el municipio de Benito Juárez, vinculó a proceso al policía ministerial Rolly, luego que encontró elementos probatorios por los delitos de abuso de autoridad y encuartar la libertad de expresión, en agravio del periodista Ricardo Torres. El pasado 27 de julio de 2019, el agraviado iba a cubrir una nota periodística sobre un hecho violento que ocurrió frente al bar denominado “Xta-bay”, ubicado en la avenida Chac-Mool casi Leona Vicario, en la Región 219 del municipio de Benito Juárez. En el lugar, había una persona fallecida y una lesionada; ambas víctimas de impactos de bala. A 100 metros antes de llegar a la zona del crimen, cuando se dirigía Ricardo Torres caminando hacia la escena del hecho, le salió al paso el policía ministerial identificado como Rolly, quien con un actuar agresivo y utilizando palabras altisonantes lo regresó empujándolo durante varios metros, incluso utilizó de escudo su arma larga. El hecho fue denunciado en la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), quien en base a los testimonios de policías que estuvieron en el lugar, los fiscales lo presentaron de prueba ante un juez Federal, el cual determinó la noche de ayer miércoles, que el agente ministerial cumplía con las pruebas pertinentes en su contra por los delitos de abuso de autoridad y encuartar la libertad de expresión, por lo que fue vinculado a proceso y con cierre de investigación de cuatro meses. En este hecho, como testigos a favor del imputado, presentaron su declaración dos reporteros (Martín y Cesar), quienes dijeron que estaban a 30 y a cinco metros, respectivamente, y que el periodista se había cruzado en dos ocasiones la cinta de acordonamiento, al grado que invadió la zona del crimen; por ese motivo lo sacó el policía ministerial. Lo lamentable, que estos dos reporteros no estuvieron en el momento de los hechos y su declaración falsa ante la Fiscalía fue para defender al imputado bajo un beneficio propio. En lo que respecta a Cesar, está acostumbrado a crear señalamientos falsos ante la Fiscalía, como lo hizo en el caso del policía municipal Alfredo, a quien señaló de haber ejecutado a balazos al camarógrafo Javier Rodríguez, el año pasado, y por este delito lo sometieron a proceso, pero en un video se comprobó todo lo contrario y recobró su libertad el supuesto imputado. Este hecho está publicado en algunos medios de comunicación; uno de ellos el QueQui, además, que la mentira comprada a Cesar, le costó el cargo al fiscal general Miguel Ángel Pech Cen. En lo que respecta a Martín, estuvo procesado por su probable vínculo con la delincuencia organizada, ya que lo detuvieron en el 2009 con otras dos personas en posesión de armas de fuego y una granada; asimismo, lo señalaron de vendedor de droga y le catearon su domicilio personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta información fue publicada en su momento por el medio Noticaribe, Novedades y Por Esto.
