Bajo el argumento de que realizaron “una investigación de campo y tecnología”, la Fiscalía General del Estado dio a conocer en la conferencia de prensa realizada el sábado pasado, la detención de un sujeto que participó en la labor de “halconeo”, cuando privaron y ejecutaron al comandante de la Policía Estatal, José Antonio Archi Yama; sin embargo, según información obtenida en la misma autoridad, esto obedeció al pago por la fuga del colombiano Brian Alberto Zapata López alias “Beto”. La noche del 19 de septiembre de 2019, la víctima fue privada de su libertad al llegar a su domicilio a bordo de su camioneta, después de reportarse personalmente en la base de la corporación ubicada en la avenida Cancún (Las Torres) y Luciérnaga, en la Supermanzana 525. Según la Fiscalía, al inspector lo llevaron a un domicilio ubicado en la Supermanzana 25, donde primero lo obligaron a grabar un video y de ahí lo ejecutaron y decapitaron. Las imágenes fueron subidas a las redes sociales por sus propios ejecutores y se aprecia desagradable hecho dentro del baño. El asesinato del comandante Archi Yama había quedado impune, pues hay que recordar que el propio titular de la corporación, Jesús Alberto Capella Ibarra lo señalo e exhibió en los medios de poseer predios del ex gobernador Roberto Borge, además de brindarle protección al cartel de Cancún. En ese entonces, la Fiscalía General del Estado informó, incluso, el sábado pasado lo confirmó el fiscal Oscar Montes de Oca Rosales, que los responsables de la ejecución habían sido integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación. A cuatro meses del homicidio, el fiscal citó a conferencia para dar a conocer la detención de un sujeto de nombre Daniel “G”, quien participo en ese hecho y su labor fue “halconeo”, así como pertenecía a la organización CJNG. Lo raro, que esta detención se realizó a tres días que dejaron escapar al supuesto líder del mismo grupo delictivo, Brian Zapata López alias “Beto”, es decir, le pagaron el favor a la Fiscalía y para desviar esta fuga que ellos permitieron, les entregaron un “chivo expiatorio”, a raíz que existe un acuerdo entre altos mandos y directivos de la Fiscalía General de Quintana Roo y el grupo delincuencial. En lo que respecta a los responsables de esta fuga de reo, ningún funcionario fue puesto a disposición del Ministerio Público, a pesar de que les cae el delito de evasión de reos: fiscal de la unidad Especializada en Atención al Narcomenudeo, agentes ministeriales que lo custodiaban, entro otros más que pusieran estar involucrados.
Artículo 150 del Código Penal, establece que se sanciona con seis a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión….
