El gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, se encuentra prácticamente listo para presentar su Tercer Informe de Gobierno en Chetumal, este viernes próximo (mañana), donde tiene mucho que decir a los quintanarroenses de su pésimo trabajo y que hoy tiene al estado “enterrado” y en manos de la delincuencia; en pocas palabras, es el peor ejecutivo que ha tenido en su historia la entidad. El 25 de septiembre de 2016, gracias a la confianza que le dieron los quintanarroenses a Carlos Joaquín González, tomó protesta en el Congreso como nuevo gobernador de Quintana Roo; sin embargo, nadie se imaginaba que era la persona que iba a enterrarlo ante su ambición de poder y su complicidad con la delincuencia. A tres años de su mandato, hoy los ciudadanos claman paz y tranquilidad ante tanta violencia que vino acompañado del Zargazo. Este gobierno estatal, lleva tres años de impunidad, mafia de poder, corrupción, derroche de dinero, abusos policiacos, mentiras, complicidad con la delincuencia, nepotismo y muchas cosas más, encabezadas por el propio ejecutivo y los ahora ex diputados de la XV Legislatura.
MAGISTRADOS LIDERADOS POR CARLOS JOAQUIN Dentro de la mafia de poder se encuentra el caso de los cinco magistrados que tomaron posesión el pasado 27 de diciembre de 2017. Uno de ellos, Alfredo Cuellar Labarthe, quien era el jurídico de la empresa de cajas de seguridad en Cancún “Firs National Security”; sin embargo, cuando la SIEDO las aseguró derivado de las investigaciones al narcotráfico, debido a que sabía de quiénes tenían grandes fortunas ahí, uno de ellos el presidente panista de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, este mismo diputado lo integró como uno de los prospectos para magistrado y con la ayuda de Carlos Joaquín, llegó al cargo. Otro de ellos, Fernando Gama Rodríguez, quien a meses de postularse para magistrado, renunció a un cargo público que tenía en el estado de México, es decir, no contaba con la residencia; sin embargo, gracias a la panista y hoy diputada, Roxana Lili Campos Miranda, allegada a Carlos Joaquín, lograron nombrarlo magistrado. Un tercer magistrado, Antonio Sánchez Urrutia, sobrino de Patricia Sánchez Carrillo, diputada federal y desde luego panista, quien fue el enlace con el gobernador para nombrarlo como tal.
EX DIPUTADOS CÓMPLICES En lo que respecta a la XV Legislatura, también tenía el control de los diputados Carlos Joaquín con ayuda del presidente de la Gran Comisión, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, ya que nunca tocaron el tema ni le reclamaron al ejecutivo de la violencia que se vive en el estado, además, cambiaron las leyes a modo para favorecerlo y de esta manera pudiera nombrar a un secretario de Seguridad Pública y a un Fiscal General, provenientes de otros estados, el cual a la fecha le sirven de protección al crimen organizado.
Carlos Joaquín, escudándose de la situación del Zargazo, promovió 800 millones de pesos ante el gobierno federal, para atacar el problema; recursos, que más bien llegaría gran parte a sus bolsillos en complicidad con otros funcionarios, pero finalmente fue lasociedad que hizo el trabajo.
CUOTAS VOLUNTARIAS CAJA CHICA PARA EL GOBIERNO Con respecto al tema de la educación, para los padres de familia “es un golpe duro” a la economía las dichosas cuotas voluntarias, pues muchos tienen dos o tres hijos en diferentes niveles académicos (secundaria y preparatoria) y los obligaron a pagarla, a pesar de que ante mano cubrieron las inscripciones; sin embargo, el gobierno jamás ha radicado ese problema y "se hace de la vista gorda", además, ese dinero recaudado que genera millones de pesos, el cual hasta la fecha no se sabe el destino ni para quien va, pues sólo dicen los directores que lo utilizan para “mantenimiento”.
OBRAS INNCERARIAS QUE BENEFICIARON BOLSILLO DE GOBERNADOR En el municipio de Benito Juárez, existen calles y avenidas que representan pésimas condiciones o en su caso, dependencias que carecen de herramientas urgentes en beneficio de la ciudadanía, por ejemplo, el cuerpo de Bomberos; sin embargo, el gobernador Carlos Joaquín decidió invertir en obras innecesarias como la zona de El Crucero que comprenden las avenidas Tulum y José López Portillo, donde según tendría una inversión de 18 millones 717, para la remodelación, pero lo único que se aprecia es un gran paso peatonal. Es una “mentada” esta obra del ejecutivo ya que invirtió tanto dinero de los benitojuarenses, para construir un cuadrado de concreto hidráulico con un grosor de 25 centímetros y una plancha de varillas de más de 500, que más bien se vieron beneficiados alguna constructora o dueño de negocio de materiales y el propio ejecutivo. Asimismo, el mandatario engaño a los vecinos del fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, en la creación de un parque según para beneficio de los mismos habitantes, con una inversión de cuatro millones 300 mil pesos, aún cuando este lugar recreativo además de permanecer cerrado, no se gastaron ni un millón de pesos, pues las cuatro bancas fueron echas con madera de segunda mano, los juegos infantiles de los más barato, una cancha de futbol 7 para negocio, y lo peor, que este parque lo crearon frente a dos más (innecesario).
INVIERTE EN CÁMARAS PARA BENEFICIAR A LA DELINCUENCIA Carlos Joaquín, invirtió alrededor de 20 millones de pesos en un “Arco de Seguridad” instalado en la entrada del Chetumal; según él, cuenta con tecnología de punta que permitirá un monitoreo de vehículos, reconocimiento facial y de placas automotrices para detectar en forma oportuna la comisión de delitos. Esta cuenta con 39 cámaras externas y 15 internas. A siete meses, es decir, del 26 de febrero de 2019 que la inauguró a la fecha, ni un solo caso se ha detectado en ese dichoso “Arco de Seguridad”. Otra gran inversión a beneficio de la delincuencia, las casi mil cámaras de video vigilancia instaladas en Benito Juárez, con una inversión de más de 18 millones de pesos, pues tampoco han dado resultado para perseguir un delito, al grado que a unos metros de varias de estas ocurrieron ejecuciones sin asegurar a los responsables.
MANDO ÚNICO OBSOLETO Desde la llegada del ejecutivo, se enfocó a apoderarse del “Mando Único” con la intención de manipular los recursos federales a través del programa “Fortalecimiento para la Seguridad”; para ello, bajo un acuerdo del ex gobernador del estado de Morelos, Graco Luis Ramírez, nombró a Jesús Alberto Capella Ibarra, secretario Estatal de Seguridad Pública y ex funcionario de esa entidad, quien tiene una denuncia en la Fiscalía General de la República por malos manejos de los recursos en la Policía, entre otros delitos que investiga la autoridad federal. Hoy el trabajo de la seguridad la hacen los policías municipales y no participa la estatal perteneciente al “Mando Único”. Capella Ibarra, ni una sola caseta de seguridad ha rehabilitado.
EXÁMENES DE CONTROL Y CONFIANZA A tres años de gobierno, Carlos Joaquín quien tiene el “Mando Único”, no se ha preocupado por realizarle los exámenes de control y confianza a las policías, quienes al menos en Benito Juárez, el 50 por ciento está ligado al crimen organizado, además, que se dedican a extorsionar a los conductores bajo el argumento de placas vencidas, licencias y tarjetas de circulación. El automovilista que no coopere es intimidado con enviarlo a la cárcel (Torito). El único trabajo que ha hecho el mandatario en la Policía, es encarcelar a 16 elementos que sacaron a empujones de las instalaciones de la corporación en Cancún, a Jesús Pérez Abarca, brazo derecho de Capella Ibarra. Además, a los ex funcionarios priistas encabezados por Roberto Borge Angulo, y eso por cuestiones de venganza familiar. De esta misma manera, aunque es autónoma, Carlos Joaquín tiene el poder absoluto de la Fiscalía General del Estado, ya que fue él quien acomodó como titular, a Oscar Montes de Oca Rosales, proveniente de la Ciudad de México, y este a la vez dejó desempleado a casi 100 funcionarios para acomodar al grupo que trajo de su lugar de origen, sin importarle al gobernador los quintanarroenses.
CRIMEN ORGANIZADO EN COMPLICIDAD CON EL GOBIERNO ACABAN CON CANCÚN A tres años del mal llamado “gobierno del cambio”, algo nunca ocurrido en la historia de Quintana Roo, se han registrado casi mil 800 ejecuciones en todo el estado; en Benito Juárez, más de dos mil personas baleadas, entre ellas muchos a causa de daño colateral, por ejemplo: bebés, mujeres, adultos mayores, en tanto empresarios por no pagar la cuota de derecho de piso; además, derivado de esto, más de 200 negocios cerrados por extorsión, un sin número de establecimientos víctimas de robo con violencia, incluso las tiendas comerciales; más de 300 jóvenes desaparecidas, más de 100 casos de violación archivados, robos a sucursales bancarias y a cuenta-habientes. El fiscal General Oscar Montes de Oca, tiene parada las investigaciones de toda índole.
CAPELLA IBARRA UNIFORMÓ DE ROJO A FAMILIARES DE INTERNOS El secretario Estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, violando los derechos humanos de los familiares de los internos de los Centros de Reinserción Social, “poseído por el color rojo”, mando a uniformar a todas las personas que tienen un pariente internado en la cárcel para que pudieran ingresar; algo que jamás se había visto en el estado o en la República Mexicana, pues a los que normalmente uniforman son a los presos.
POSESIONADO DEL ESTADO Carlos Joaquín González, tiene bajo su poder a los magistrados, las policías en el estado (municipales, estatales y ministeriales), la Fiscalía General y anteriormente los diputados de la XV Legislatura. Asimismo, de aliado al comandante de la Quinta Región Naval, José Luis Vergara Ibarra, quien “le sigue el juego” al señalar ante la prensa, que se está combatiendo la delincuencia al grado que ha disminuido.
