La Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó que elementos de la Comisión Estatal de Seguridad al mando en ese entonces de Jesús Alberto Capella Ibarra, actual titular de la Policía Estatal en Quintana Roo, no sólo perpetraron una “ejecución arbitraria” de seis miembros de una familia en el municipio de Temixco, la madrugada del 30 de noviembre de 2017, sino que sembraron y alteraron evidencias para inculpar a las víctimas de un delito. Al emitir la recomendación 21VG/2019 por violaciones graves a derechos humanos, el organismo nacional informó que tras realizar una investigación de los hechos, obtuvo que elementos para acreditar que personal de la CES “incurrió en allanamientos a la casa habitación en la que se encontraban las víctimas; detenciones arbitrarias de siete personas, incluido un adolescente; uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución de seis personas, incluidas dos personas menores de edad” Además, “trato cruel, inhumano y/o degradante derivado de las lesiones a cuatro personas, incluidos dos infantes; dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común en Cuernavaca, Morelos, y colocación deliberada del arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima”. Según la versión oficial sostenida por el gobierno de Graco Ramírez y el otrora titular de la CES, Alberto Capella, una denuncia ciudadana alertó de una supuesta casa de seguridad donde había personas privadas de su libertad en la calle Francisco I. Madero, de la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temixco. Al llegar a la casa de José Valdez Chapa y su familia, los policías aseguraron que fueron agredidos con armas de fuego y comenzó la refriega con el supuesto grupo criminal que se extendió por más de dos horas. El saldo fue de cinco detenidos que luego fueron liberados por un juez al no haber indicios de la comisión de un delito, y seis personas muertas: cuatro mujeres, un bebé y un menor de 13 años, que se resguardaron en un baño, presuntamente en el “fuego cruzado”. La versión de los deudos y posteriores investigaciones periodísticas revelaron que los policías irrumpieron en el domicilio y atacaron a sus ocupantes. Incluso, la propia familia acusó que las víctimas habrían sido ejecutadas al recibir el tiro de gracia, pero la Fiscalía General del Estado, que entonces dirigía Javier Pérez Durón, sobrino político de Graco Ramírez, rechazó esa versión. De acuerdo con la recomendación de la CNDH que consta de 368 fojas, existen serias irregularidades tanto en las indagatorias como en la integración de las diversas carpetas de investigación por parte de la Fiscalía. En su investigación, el organismo nacional echó abajo la teoría del “fuego cruzado” y que una de las víctimas disparó contra los policías desde el baño en el que se resguardaron. Al analizar las versiones, la CNDH concluyó que no existe concordancia entre lo declarado por los agentes policiales con lo analizado en el lugar de los hechos; se corroboró que las puertas de la casa fueron abiertas con violencia, al encontrar “huellas de violencia mecánica y destrucción de cerraduras”; los daños producidos por proyectiles por arma de fuego, así como el resultado de los indicios balísticos localizados en el interior y exterior del domicilio, no existen elementos que permitan establecer que se haya producido “fuego cruzado” entre las víctimas y los elementos policiales”; los análisis químicos aplicados a las víctimas resultaron negativos y existe alto grado de probabilidad de que no accionaron armas de fuego. “Los agentes policiales precisaron que sus agresores realizaban disparos de arma de fuego desde el interior de la casa, y que sentían como caían los vidrios de las ventanas ante los impactos, sin embargo, en las paredes y piso exteriores, que forman parte del inmueble, cochera y pasillos de acceso, no se observaron daños que pudieran haberse producido por el impacto de los proyectiles, lo que en opinión de expertos de este Organismo Nacional contradice el dicho de los servidores públicos en cuestión”.
