El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo este lunes una reunión con gobernadores del país, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, sobre la primera Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y la Sesión del Consejo Nacional de Protección Civil. En la reunión, también estuvo presente el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien tocó el tema de la Guardia Nacional, y dijo que la creación de la misma, transformarán sustancialmente el servicio de seguridad. Asimismo, se tuvieron acuerdos entre el Presidente y los ejecutivos para a avanzar en materia de seguridad en el país. A la reunión, asistió desde luego el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien al concluir el evento, “se paró el cuello” al señalar que en su entidad, los resultados alcanzados en el segundo trimestre del año, “muestran una tendencia a la baja en los índices delictivos”; esto gracias a la implementación del Mando Único en Quintana Roo, y a la renovación de equipos, además, a la operación del Centro de Control Comando y Computo (C-4), y de más de 974 cámaras de video vigilancia en la Zona Norte, lo que permite hacer frente a las acciones de la delincuencia organizada”. Las palabras de Carlos Joaquín cada día pierden más credibilidad y lo peor, en este caso a sus homólogos y demás funcionarios a nivel federal, los engañan con datos falsos porque no viven ni radican en Quintana Roo, y los únicos que saben la verdad del índice de violencia en el Estado son los ciudadanos. Al ejecutivo ya se le olvidó que los benitojuarenses y solidarentes, en lo particular, viven con miedo ante tanta violencia que se disparó en la llegada de su gobierno; por ejemplo, en el caso de las ejecuciones, a casi tres años gobernando el número de casos estaría llegando a mil 600 en todo el estado; aún, cuando en los seis años del gobierno pasado, no superaron los 400. Dentro de estos asesinatos, empresarios o dueños de negocios y contratistas de obras, perdieron la vida a raíz que no pagaron la cuota de extorsión por derecho de piso, además, también fueron víctimas civiles ajenos (daño colateral). En Cancún, se tiene un número de aproximadamente 200 negocios entre chicos, medianos y grandes, que cerraron por la misma situación de extorsión, entre ellos la mayoría de los bares que durante años operaron, donde al menos de cada uno comían 50 familias. En otro de los casos, los propietarios de establecimientos decidieron instalar protecciones para seguridad; sino es por extorsión, es el robo con violencia. Carlos Joaquín presume de la instalación de 974 cámaras de video vigilancia; sin embargo, ni un solo caso de delito se ha seguido a través de las mismas, incluso, se han registrados asesinatos y robos frente a alguna de ellas. Otro caso es su dichoso arco de seguridad en la entrada de la capital del estado, donde invirtió 20 millones de pesos, pero desde el 27 de febrero de 2019 que lo inauguró, ni un solo hecho delictivo han detectado, aún cuando se sabe que ingresan armas y drogas por ese lugar.
