La herencia que dejó la anterior administración municipal en la Dirección de Servicios y Comercio en Vía Pública, hoy opera de la misma manera en la actual, mediante las cuotas semanales que recogen los inspectores a los vendedores informales y que algunos ponen en riesgo la integridad física de los peatones. En el gobierno de Remberto Estrada Barba, la corrupción se dio a lo máximo en dicha Dirección que estaba a cargo de Cristian Solórzano Amezcua y su tío Guillermo Sosa. En ese entonces, se hacían de la vista gorda Contraloría, regidores y el propio presidente municipal. A través de los inspectores, recolectaban semanal o quincenal los encargados del sector cuatro que prácticamente tienen toda la zona de puestos en plena banqueta y hasta en avenidas principales. Las cuotas van de 100 hasta 500 pesos, dependiendo el vendedor informal, pues entran a la portación vendedores de esquites, chicharrones, dulces, nieves, taquerías o de antojitos, friteros, dueños de bazar, entre otros negocios. Se estima que vendedores sin el permiso deben de existir más de 200 en toda la ciudad. Si hablamos de 100 pesos por cada uno entonces debe de generar al menos a la quincena alrededor de 20 mil pesos; sin embargo hay algunos que pagan 200, 300 y 500; por ejemplo las personas que manejan gas LP, por lo que es posible que se recaude el doble. En esta nueva administración, las cosas no han cambiado en la Dirección de Servicio y Comercio en Vía Pública, pues por voz de los propios dueños de bazares mencionan que pagan cuota a dicha Dirección, el cual les da derecho a cerrar la banqueta con sus objetos y obligan al ciudadano a caminar por la vía de circulación. Sin embargo, a los irresponsables dueños de estos negocios no los tocan, y anoche esta autoridad realizó un operativo en contra de algunos del parque Las Palapas quienes son los que no se “mochan”.
