Refrenda Poder Judicial de Quintana Roo compromiso con la niñez y adolescencia

El Poder Judicial de Quintana Roo refrendó su compromiso institucional para garantizar la plena eficacia de los programas y políticas públicas idóneas, a fin de lograr mejores condiciones para la niñez y la adolescencia, que sea digna y conforme al respeto de sus derechos y por un pleno desarrollo físico y espiritual. Lo anterior, en el marco de la intervención del magistrado presidente José Antonio León Ruiz, durante la primera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que presidió el gobernador Carlos Joaquín González, junto la Presidenta honoraria del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Gabriela Rejón de Joaquín, en las instalaciones de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Quintana Roo, en esta ciudad. “El Poder Judicial expresa su beneplácito en la celebración de esta primera sesión ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con la plena certeza que al amparo de las distintas reuniones de trabajo en la materia, Quintana Roo podrá garantizar de manera eficaz los derechos de niñas, niños y adolescentes, cumpliendo así con las obligaciones constitucionales que se demandan”, afirmó. León Ruiz, sostuvo que “en nuestras manos esta, de lo que hoy hagamos, nos permita en el futuro inmediato, contar con mujeres y hombres que hagan de nuestra entidad y nuestro país, una sociedad más ilustrada, justa y equitativa”. Recordó que lo que inicialmente se concibió de manera elemental como los derechos de los niños, al paso de los años se modificó este enfoque al advertirse que, en la conceptuación tradicional denominado menor de edad, es decir, aquella persona menor de 18 o 21 años, según la legislación de cada país, se engloba en realidad distintos sectores poblacionales con necesidades muy específicas. Recalcó, que se requiere un enfoque transversal entre cada una de instituciones, así como el desarrollo de múltiples acciones, planes programas y políticas publicas encaminadas a generar el respeto irrestricto a tales derechos, toda vez que el sistema de protección integral como órgano tiene una función esencial al permitir la concertación de las acciones por parte de los poderes, órganos constitucionales, dependencias y entidades estatales.

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