En el gobierno pasado que representó Roberto Borge Angulo, integrantes de la XV Legislatura y el mismo cuerpo de funcionarios allegados al mandatario, manipulaban cargos e implementaban leyes para favorecer a estos y pagar favores que en su momento talvez les hicieron. Hoy existe una nueva administración, donde el actual gobernador Carlos Joaquín González ha recalcado que este es “El gobierno del cambio”; sin embargo, algunas personas que lo rodean incluyendo al Congreso del Estado, traen la escuela mafiosa del gobierno pasado, donde los diputados hacen como que el pueblo participa y elige, pero la realidad es otra, todo es un show porque son ellos quienes finalmente deciden. En dos meses, los diputados han demostrado la mafia que operada dentro de la XV Legislatura, encabezados por el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila. Dos ejemplos claros: en noviembre del año pasado, emitieron una convocatoria para elegir a cinco magistrados en Quintana Roo; en ese entonces se postularon 75, pero siete no cumplieron con los requisitos, y sólo quedaron 68 candidatos. Casualmente, nombraron a los cinco que si cumplieron con el perfil para ejercer la labor de magistrados: Alfredo Cuéllar Labarthe, ex representante legal de las cajas de seguridad en Benito Juárez, aseguradas por la Seido, quien tenía un acercamiento con Eduardo Martínez Arcila, a raíz que según poseía una caja de seguridad; Isabel Cecilia González Glennie, militante del PAN; Antonio Sánchez Urrutia, sobrino de la diputada federal, Patricia Sánchez Carrillo; y Fernando Gama Rodríguez, presuntamente pareja sentimental de Roxana Lili Campos Miranda, actual consejera jurídica en el gobierno del estado, además, lo señalaron de presentar documentos falsos para cumplir con los requisitos. Otro de los casos y que se ha vuelto “una papa caliente”, el cargo de presidente estatal de la CEDH, donde se postularon 17 personas, la mayoría de asociaciones civiles, entre ellos una organización “no gubernamental de los derechos humanos (ONG) que representa Raúl Fernández León. Esta persona, desde el gobierno pasado viene señalando la mafia que opera entre el Congreso del Estado, la CEDH a cargo todavía de Harley Sosa Guillen, ya que las quejas presentadas ante la Comisión en contra de servidores públicos no avanzaron; actualmente, dentro de esta mafia esta Claudette Yanell González Arellano, subsecretaria del gobierno de Carlos Joaquín. A pesar que Raúl cumplió con su documentación al igual que otro integrante de la misma asociación, los dejó afuera la diputada Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XV Legislatura; sin embargo, si les dio entrada a Marco Antonio Toh Euan, actual integrante de la CEDH, quien ha sido juez y parte desde el gobierno pasado, al igual que Eduardo Ovando Rivera; además de María José López Canto, ex segunda visitadora quien tampoco hizo justicia a los ciudadanos; y la propia Claudette Yanell González Arellano, subsecretaria de gobierno; todos ellos forman un equipo con Harley Sosa Guillen, y la intención es evitar que le hagan una auditoria a este personaje allegado a Roberto Borge Angulo, quien presenta dos denuncias por juicio político por su mal desempeño. ¿Entonces quién manda, el pueblo o los diputados?.
