“Dedazos” ponen en el cargo a los nuevos magistrados en Quintana Roo; “mafia” opera en el Congreso

01/17/2018

La mafia que operó dentro del Congreso del Estado durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, y que encabezó Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, hoy sigue presente en esta administración de Carlos Joaquín González, ante la ola de irregularidades que están pasando.
Durante el gobierno pasado, los encargados de poner en el cargo a cualquier personaje dentro de las instancias responsables de hacer justicia, no era precisamente el pueblo quintanarroense, sino los mismos políticos y diputados para pagar favores o favorecer a sus parientes, amigos o integrantes de su partido; un caso fue de Harley Sosa Guillen, que de funcionario paso a presidente estatal de la Comisión de los Derechos Humanos, puesto por el mismo Roberto Borge Angulo, bajo la complicidad de Martínez Arcila.
En esta administración, un ejemplo muy claro fueron los nombramientos de al menos cuatro de los cinco magistrados en Quintana Roo, que entraron en función el ocho de enero del presente año, bajo la complicidad del Congreso del Estado, y que sigue siendo “amafiado” por el presidente de la Gran Comisión.
El 21 de noviembre del 2017, el Congreso emitió la convocatoria para elegir a los magistrados que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; órgano público autónomo que formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción, y se encargará de dirimir las controversias entre la administración pública estatal, municipal, y los particulares, además de fincar responsabilidades por afectaciones a la hacienda pública estatal, municipal o al patrimonio de los antes mencionados.
En la lista, se registraron 75 aspirantes; posteriormente, los diputados encargados de analizar sus documentaciones, determinaron que siete no cumplían y quedaron 68. Sin embargo, resultó que los cinco aspirantes que escogieron para magistrados, tenían que ver con funcionarios o diputados, y a pesar de sus irregularidades, finalmente los nombraron.
Uno de ellos es Alfredo Cuéllar Labarthe, quien fue representante legal de las cajas de seguridad en Benito Juárez, y que fueron aseguradas por la Seido el año pasado porque había dinero ilícito del crimen organizado. 
Posteriormente a estos hechos, se supo que uno de los que poseía una de las cajas era Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión en el Congreso, y que metió las manos por este personaje para ocupar el cargo de magistrado, para devolverle algún favor.
Isabel Cecilia González Glennie, es militante de la coalición Acción Nacional (PAN), y de lo contrario si tuviera que someter a juicio a algún panista, sería la primera en rechazarlo, porque fue el partido quien la ayudó a ocupar el cargo de magistrado.
Antonio Sánchez Urrutia, es sobrino de la diputada federal Patricia Sánchez Carrillo, quien no dudan que fue la que metió las manos para que su sobrino ocupara también el cargo de magistrado.
Fernando Gama Rodríguez, en la documentación que presentó hallaron que había algunos falsos, es decir, para poder cumplir con los requisitos tuvo que falsificarlos, por lo que ante la justicia es un delito, y el Congreso del Estado debió darle vista a la Fiscalía General de Justicia. Este personaje, de acuerdo a la información que surgió dentro del Congreso, según es pareja sentimental de Roxana Lili Campos Miranda, actual consejera jurídica en el gobierno del estado, quien se dice fue la persona que lo ayudó a ocupar el cargo de magistrado.
Sin embargo, no lo es todo, Fernando Gama renunció a su cargo de funcionario público en la delegación de Naucalpan, Estado de México, el pasado 15 de febrero del 2015, de acuerdo a un oficio que tenemos en nuestro poder, es decir, hace tres años, por lo que no podía ocupar dicho cargo de magistrado ya que como parte de los requisitos, la persona debe tener mínimo 10 años radicando en Quintana Roo.
Con esto quedó claro que el borgismo sigue dentro de la actual administración de Carlos Joaquín González, pues casualmente de los 68 aspirantes, resultó que estos cuatro personajes eran los que cumplían con los requisitos, entonces no es el pueblo quintanarroense que los pone sino el mismo gobierno o el compadrazgo de los poderosos políticos o diputados. 

 

 

 

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