Las diferentes corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno, han visto en Cancún “una mina de oro” a través de sus dichosos operativos ilegales; hablamos municipal, estatal y federal. En el caso de la Policía Estatal, hace unos meses el secretario Rodolfo del Ángel Campos, informó la presencia de 100 policías para reforzar la vigilancia en Benito Juárez por tantos hechos violentos en la ciudad, inclusive, llegaron poco más de 10 patrullas de reciente modelo para desplazarse. Sin embargo, ahora los elementos se dedican a parar a los conductores que se topan en su trayecto, si observan que no trae puesto el cinturón de seguridad, y le piden la licencia y tarjeta de circulación. De esta misma manera, lo hacen con los conductores que manejan un vehículo con placas vencidas, en lo particular en los retenes que instalan y que el mismo representante de cualquier corporación sabe que es ilegal al violar el artículo 16 de la Constitución Política. Otro de los casos es que policías estatales al igual que los municipales, han agarrado también de “mina de oro” la Supermanzana 66, donde se encuentran rentando un sin número de albañiles originarios del estado de Chiapas, ya que los interceptan y nunca falta el policía “gandalla” que les quita más de 200 pesos, simplemente porque presentan aliento alcohólico o estado de ebriedad. Hay que recalcar que en este 2017 se han registrado 107 ejecuciones en nueve meses; los más altos de la historia de Cancún, además de una estadística superior a los 800 robos de cualquier índole, mientras que los policías preventivos están abocados a detener borrachitos, y parar conductores por una violación al reglamento de Tránsito, aún cuando es competencia de esta misma autoridad.
