⁠⁠⁠Concluyen con éxito trabajos de comisión para atender a usuarios de agua potable

La Comisión Transitoria para la atención de inconformidades con la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF) de la CAPA, dio por concluido sus trabajos y determinó su extinción, luego de atender y dar por cumplidos los objetivos de atención de las demandas presentadas por la población. Durante la celebración de la última sesión de dicha comisión, el presidente Fernando Zelaya Espinoza, agradeció la participación de ciudadanos que representaron a la comunidad afectada y a los funcionarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, por su disposición para trabajar en conjunto con los legisladores para atender el tema eminentemente social que preocupaba a los usuarios de agua potable de uso doméstico que se encuentran en morosidad. Recordó que la Comisión Transitoria promovió la iniciativa de decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas fracciones de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, cuyos objetivos principales fueron ampliar el periodo para celebrar convenios de pago previo a ser turnados a la DRAEF, ya que la Ley establecía 12 meses y se amplió a 18 meses. El servicio de agua potable a partir de esta reforma y adición, no podrá ser suspendido a usuarios domésticos morosos. La CAPA sólo procederá a disminuir el abastecimiento de manera que sea suficiente para cubrir sus necesidades vitales mínimas y se estableció la atribución al director General para crear y aplicar programas de capacitación permanente con el fin de que el servicio público que se ofrece a los usuarios sean respetuosos, idóneo y de calidad. De manera adicional, destacó que el pasado 6 de junio de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el Decreto a través del cual, el secretario de Finanzas y Planeación del Estado, Juan Vergara Fernández, se condonan las multas y recargos establecidos en los artículos 20 y 72 del Código Fiscal del Estado a deudores de créditos fiscales derivados del incumplimiento del pago de las cuotas y tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado por uso doméstico, así como de los derivados de infracciones a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.

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