Existen muchos funcionarios dentro del gobierno del estado o municipal, que en los gobiernos pasados fueron señalados de ilícitos como enriquecerse de manera ilícita, vínculos con la delincuencia organizada, uso de poder, utilizar a la policía para cuestiones pasionales, y en lo particular corrupción. En éste nuevo gobierno que lleva casi 40 días, el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González, anunció “un gobierno del cambio” a raíz que durante muchos años estuvo gobernando el PRI, y la mayoría de sus integrantes obtuvieron grandes beneficios económicos, incluso hasta empresarios. Sin embargo, las cosas pintan de la misma manera; por mencionar algunos personajes: Julián Ricalde Magaña, fue presidente municipal de Benito Juárez en 2011-2013, y antes de eso era “un pobretón”, pero a su paso obtuvo costosos ranchos y casas, uno de ellos en el municipio de Valladolid, incluso hasta compró un caballo valuado en un millón de pesos, según que le vendió Vicente Fernández, además de embarcaciones, motos, y otros lujos que se daba en el extranjero con sus amantes. Asimismo, a sus amantes las tenía dadas de alta en la nómina y sin trabajar, además de los lujos que les daba con el dinero del pueblo y todavía algunas hasta tenían dos policías de escolta; lo peor, que los fines de semana Julián Ricalde se metía a uno de los antros a la entrada de la plaza de Toros, y mientras se emborrachaba tenía a 10 policías afuera en dos camionetas Suburban propiedad del Ayuntamiento. Ahora el gobernador por compromiso lo tiene como secretario de Desarrollo Social e Indígena. Alejandro Ramos Hernández, actualmente director de Sintra en el estado, y a pesar que existen una serie de irregularidades en el transporte público y en las empresas de grúas en Benito Juárez, no ha movido un sólo dedo para meterlas en cintura, ya que hay unidades sin concesión o con placas particulares prestando el servicio, entre otros municipios en los que también se dan este tipo de anomalías. Otro de los casos es el actual fiscal General, Miguel Ángel Pech Cen, quien a pesar que lo señalaron de haber ayudado cuando era juez de lo Penal, al pederasta líbanes hoy en la cárcel, Jean Succar Kuri, ya que delató a los testigos y agraviados, y aun así le dieron el cargo sin investigarlo. El pasado lunes 16 de enero, las instalaciones de la Fiscalía General en Benito Juárez fue atacada a balazos por el crimen organizado. Ese mismo día y al siguiente (martes), todos los medios locales estuvieron afuera esperando la versión del fiscal Miguel Ángel Pech, sin embargo le importó más salir a nivel nacional tal vez para que lo conocieran todos los mexicanos, al dar entrevista a Televisa donde lo único que hizo es atentar contra la imagen del destino al dar declaraciones de lo ocurrido. El caso es que el gobierno municipal de Remberto Estrada Barba, “un Benito Juárez de 10”, no se queda atrás, pues solapa o posiblemente por recomendaciones de Roberto Borge Angulo, ex gobernador ladrón, a Raymundo López Martínez como director Municipal de Transporte y Vialidad, quien fue uno de los funcionarios que se enriqueció de manera ilícita en la administración pasada, ya que actualmente posee patentes, negocios, y otros lujos derivado de la corrupción porque era director de Fiscalización. Otro de los personajes es Gregorio Sánchez Martínez, ex presidente municipal de Benito Juárez en el 2008-2010, y ahora décimo primer regidor. Este funcionario municipal fue detenido por la PGR por su presunto vínculo con la delincuencia organizada, al grado que lo involucraban con la ejecución del general Mauro Enrique Tello Quiñonez, asesinado en una emboscada antes de entrar a la ciudad, y tomaría posesión como titular de la Policía. En ese entonces en lugar de Francisco Delgado Velasco alias “Vikingo”, gente de Greg, y también lo señalaron como cabecilla del crimen organizado (hoy todavía en la cárcel). El caso es que Greg Sánchez, también fue señalado de lavado de dinero, incluso en su momento de “espionaje”, ya que tenía dentro de sus colaboradores a José Manuel Vera Salinas, encargado de ese ilícito, mediante equipos de tecnología que el mismo gobierno presuntamente compro y operaba en un edificio de la Supermanzana 20. Otra de las cosas es que le aseguraron una propiedad en Argentina según como parte del lavado de dinero.
