Ex director de Fiscalización se enriqueció de manera ilícita ya que posee una serie de negocios.

A pesar que el ex director de Fiscalización y ahora director Municipal de Transporte y Vialidad, Raymundo López Martínez se enriqueció de manera ilícita, ningún funcionario lo ha denunciado para que lo sometan a investigación de cómo hizo tanto dinero de un simple sueldo que recibía del gobierno Municipal. El funcionario quien todavía goza de impunidad y protección de Roberto Borge Angulo, a pesar que ya no es gobernador y sigue manipulando en el gobierno, durante los tres años en la administración de Paúl Carrillo de Cáceres, se enriqueció de manera ilícita, no solamente de uno y dos millones, sino superior a los 15 millones, pues sólo esta cantidad tenía dentro de su caja fuerte, y que le robaron sujetos armados dentro de su domicilio. Sin embargo, no sólo eso, sino que posee negocios por todos lados; por mencionar el restaurante con música viva denominado “El Patrón”, el cual se encuentra ubicado en la avenida Las Torres a la altura de la manzana uno de la Supermanzana 56, a tres esquinas antes de la Kabah, así como al menos seis vinaterías con su patente de venta de alcohol, que puso a nombre de su mamá. Esto implica a que el propio gobierno Municipal, el gobierno del estado, diputados u otras personas, lo denuncien para que sea sometido a una investigación, ya que el artículo 252 del Código de Procedimientos en Quintana Roo señala; se presume que existe enriquecimiento ilícito si durante el tiempo que el servidor público se encuentra en el desempeño de su cargo o al separarse de él por haber terminado el periodo de sus funciones, o por cualquier otro motivo, estuviera en posesión de bienes, sea por sí o por interpósita persona, que sobrepase notoriamente las posibilidades económicas de acrecentar el patrimonio declarado o conocido a la fecha de su ingreso al servicio, por razones de su importe de ingresos y de sus gastos ordinarios. Se pondrá de dos a 10 años de prisión, y de 50 a 500 días de multa, a los servidores públicos que en uso de las facultades, medios, atribuciones o recursos que le fueron conferidos: obtengan bajo cualquier pretexto, para sí o cualquier persona, partes del sueldo de uno o más de sus subalternos, dádivas y otros servicios. Obligue a terceros a realizar negocios jurídicos que reporten beneficios económicos. Obligue a uno de sus subalternos a que le entreguen fondos, valores o cualquier otra cosa. Realice en provecho propio o de cualquier otra persona, actos de desposesión de bienes a un particular. Satisfaga indebidamente algún interés propio de cualquier persona, o incurra en situación de enriquecimiento ilícito legalmente comprobado.

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