Mientras que los ciudadanos quintanarroenses continúan ganando un sueldo menor a los gastos diarios que tienen y “viviendo en la miseria”, al menos los dos últimos gobernadores y los presidentes municipales que han desfilado en Benito Juárez, se han enriquecido de manera ilícita con el dinero proveniente de los impuestos que obligan aportar al municipio, pues es el propio gobierno que se ha encargado no sólo de endeudar al destino, sino de destruirlo. Es claro el caso del actual gobernador y que en escasos días dejará el cargo, Roberto Borge Angulo y los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al que pertenece, quienes al menos durante 12 años han disfrutado de los recursos que recibe el Estado, y no hay una sola persona que los denuncie por el delito de enriquecimiento ilícito. El artículo 252 del Código Penal en el Estado de Quintana Roo, señala que “se presume que existe enriquecimiento ilícito si durante el tiempo que el servidor público se encuentra en el desempeño de su cargo o al separarse de el por haber terminado el periodo de sus funciones, estuviera en posesión de bienes sea por sí o por interpósita persona, y que sobre pase notoriamente las posibilidades económicas de acrecentar el patrimonio declarado o conocido a la fecha de su ingreso al servicio. Se pondrá de dos a diez años de prisión, y de cincuenta a quinientos días de multa a los servidores públicos que en uso de las facultades, medios, atribuciones o recursos que le fueron conferidos. A pesar de este artículo fracción I, II, III, IV y V lo señalan, la mayoría de servidores o funcionarios públicos lo pisotean porque nadie hace por presentar una denuncia en contra de ellos; es el caso de Roberto Borge Angulo que deja al estado una deuda de dos mil 700 millones de pesos, y ahora él prácticamente gozará de su fortuna que obtuvo del erario público al contar con constructoras como presuntamente “Concrecar” y una flotilla de unidades del Transporte Terrestre Estatal en Benito Juárez; predios y lujosos departamentos de más de un millón de dólares; una empresa de yates; una empresa de aerolínea y que exclusivamente la utilizan integrantes del PRI: ex gobernadores, presidentes municipales, diputados, políticos, entre otros, así como sus familiares. Dicha aerolínea administra cuatro aeronaves y lleva por nombre “Vip Saesa”: Servicios Aéreos Ejecutivos Sociedad Anónima, además recibe más dinero que la Secretaría de Turismo en Quintana Roo. Esto lo obtuvo Roberto Borge Angulo durante su gubernatura, por lo que le recae el delito señalado en el artículo 252 del Código Penal en el Estado de Quintana Roo; sin embargo al paso del tiempo a todos se les olvidará la fortuna que se llevó, y lo peor, que en cualquier momento vuelven a ocupar un cargo público en el estado como se observa de muchos políticos. En lo que respecta al ciudadano, con el raquítico sueldo que viene ganando de años, paga impuestos por la basura, alumbrado público, agua, energía eléctrica, y si tiene medio de transporte para cubrir sus necesidades laborales o familiares, tiene que estirar su dinero para abastecerse del combustible que sube periódicamente; mientras que los funcionarios públicos es raro que todo esto cubran con su jugoso sueldo, por mencionar la gasolina que el propio Ayuntamiento de Benito Juárez se los da para sus autos particulares. Sólo basta con observar cómo desfilan en el establecimiento ubicado a un costado de la Policía Federal en la avenida Chichén Itzá.
